En el año electoral 2025, cuando los Organismos Públicos Locales Electorales enfrentaron su mayor carga operativa por la elección federal y procesos concurrentes, los congresos estatales aplicaron los recortes más severos: hubo más entidades con tijeretazos superiores a 50% que, en 2026, año sin elecciones federales ni de gubernaturas.
La comparación de los recortes entre los dos años revela que la austeridad fue más dura justo cuando la democracia requería mayor fortaleza institucional.
Los fuertes recortes en año con elecciones se convierten en herramienta de control político, ya que con menos recursos los OPLE limitan la capacidad de supervisión, fiscalización, capacitación, operación del PREP y autonomía técnica en general.
Mientras en 2025 cinco estados sufrieron recorte mayor a 50% de su petición presupuestal (Colima, Zacatecas, Chiapas, Tamaulipas, Puebla) en 2026 sólo dos rebasan ese límite (Colima e Hidalgo).
Colima es la única entidad que repite recorte mayor a 50% en 2025 y el presente año.
Los recortes 2025
Los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLE) enfrentaron uno de los escenarios presupuestales más adversos justo cuando debían organizar, por primera vez, elecciones locales del Poder Judicial. A pesar de la carga operativa extraordinaria, los congresos locales aplicaron recortes severos: Colima (-68.92%), Zacatecas (-65.91%), Chiapas (-63.26%), Tamaulipas (-53.95%) y Puebla (-50.26%) encabezaron la lista de entidades con reducciones superiores a 50 por ciento.
Estos ajustes no sólo limitaron la operación cotidiana, sino que pusieron en riesgo actividades críticas del proceso electoral.
El informe de la Unidad Técnica de Vinculación documenta episodios que ilustran la fragilidad operativa provocada por los recortes.
Colima enfrentó un déficit tan profundo que su Consejo General optó por desistirse de una impugnación para priorizar la búsqueda de ampliaciones que garantizaran la operación mínima del instituto.
En Durango, el gobierno estatal asumió directamente el pago de la impresión de boletas ante la insuficiencia presupuestal del OPLE.
En varios casos, la falta de recursos afectó la instalación de órganos desconcentrados, la capacitación de funcionariado, la producción de documentación electoral y la coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE).
En este contexto, los recortes presupuestales operan también como un mecanismo de control político.
La presión financiera se convierte en una herramienta para condicionar el desempeño institucional, restringir decisiones operativas y, en algunos casos, forzar negociaciones con gobiernos estatales.
La austeridad deja de ser un criterio administrativo para convertirse en un factor que incide directamente en la integridad de los procesos electorales.
Las reducciones en 2026
El panorama de 2026 es distinto, pero no menos preocupante.
Este año no habrá elecciones federales ni de gubernaturas, por lo que los OPLE sólo requieren recursos para su operación ordinaria.
Sin embargo, lejos de estabilizarse, los recortes se profundizaron en varias entidades. Hidalgo pasó de un recorte moderado en 2025 (-25.69%) a uno extremo en 2026 (-60.77%). Morelos (-42.21%) y Tabasco (-42.38%) también transitaron de reducciones menores a recortes severos.
Guerrero, San Luis Potosí y Querétaro siguieron la misma tendencia, con disminuciones que superan 30 por ciento.
La paradoja es evidente: en 2025, los recortes afectaron procesos electorales en curso; en 2026, sin elecciones, los recortes afectan la estructura misma de los OPLE.
La presión presupuestal ya no compromete únicamente la logística electoral, sino la capacidad institucional de los organismos para cumplir sus funciones permanentes: profesionalización, fiscalización, actualización de padrones locales, mantenimiento de sistemas informáticos y atención ciudadana.
No todo es deterioro
Algunos estados corrigieron el rumbo: Chiapas pasó de un recorte extremo a prácticamente ninguno (-0.47%); Tamaulipas, de -53.95% a 0%; Zacatecas, de -65.91% a -22.78 por ciento.
Pero estos casos son la excepción. La tendencia general muestra que la autonomía presupuestal de los OPLE sigue dependiendo de decisiones políticas locales más que de criterios técnicos o de planeación institucional.
Una presión presupuestal sostenida, incluso en años sin comicios, amenaza con debilitar a las instituciones que sostienen la arquitectura electoral del país.
