En el municipio de Temax, Yucatán, un toro fue ingresado a la fuerza al interior de una cantina y obligado a beber cerveza durante las celebraciones de la fiesta patronal conocida como la “Temaxeada”. El hecho quedó registrado en videos que fueron difundidos en redes sociales, donde se observa al animal rodeado de personas mientras le colocan una botella en el hocico, lo que generó indignación y denuncias de maltrato animal.
La “Temaxeada” consiste en soltar toros por las calles para provocar situaciones de riesgo y adrenalina entre los pobladores, una práctica que ya había sido cuestionada anteriormente por el estrés y las posibles lesiones que ocasiona tanto a los animales como a los participantes.
El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Harry Rodríguez Botello, expresó su rechazo y condenó el maltrato al que son sometidos los bovinos en estas celebraciones. Además, hizo un llamado a erradicar este tipo de fiestas tradicionales que, según señaló, atentan contra el bienestar animal. Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado sobre sanciones contra los responsables del caso, que ha alcanzado repercusión nacional.
Comparación con la Pamplonada Española
Las celebraciones de Temax guardan similitud con la Pamplonada Española, realizada en honor a San Fermín en Pamplona, donde decenas de toros son soltados por las calles mientras cientos de personas corren para evitar ser embestidas. Año tras año, esta práctica atrae a turistas de todo el mundo, muchos de ellos en estado de ebriedad. En México, eventos similares se replican en lugares como Huamantla, Tlaxcala, donde también se han generado críticas por el riesgo y el sufrimiento animal.
¿Cómo se castiga el maltrato animal en Yucatán?
El Código Penal del Estado de Yucatán tipifica el maltrato animal en los artículos 407 al 410, con sanciones que van de seis meses a seis años y medio de prisión, además de multas que oscilan entre 200 y 600 días. La legislación considera maltrato la privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo, así como mutilaciones y actos de zoofilia.
Asimismo, la entidad cuenta con la Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán, que otorga facultades a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Salud y los ayuntamientos para intervenir en casos de crueldad animal y garantizar la protección de los llamados “seres sintientes”.
En México, la lucha de activistas por prohibir las corridas de toros ha ganado fuerza en los últimos cinco años: en 2025 la Ciudad de México aprobó la prohibición de espectáculos taurinos con violencia, convirtiéndose en la sexta entidad en regular la tauromaquia, mientras que colectivos ya trabajan en estados como Hidalgo y Michoacán para impulsar medidas similares.
Activismo social y cultural contra el uso de toros en actividades
En marzo de 2025, el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 61 votos a favor y solo uno en contra la iniciativa que prohíbe las corridas de toros en las que se mate al animal o se utilicen objetos punzocortantes. Con esta decisión, la capital se convirtió en la sexta entidad del país en regular la tauromaquia, sumándose a estados como Michoacán, que también legisló en 2025 para prohibir corridas y peleas de animales.
Colectivos ciudadanos y organizaciones de protección animal han encabezado manifestaciones frente a congresos locales con consignas como “Toros sí, tortura no” y “No te diviertas con el dolor animal”. Estas movilizaciones han buscado visibilizar que la tauromaquia es considerada por los activistas como una forma de violencia animal incompatible con los valores de una sociedad moderna.
En paralelo, figuras públicas como la actriz Kate del Castillo se han sumado a la causa, pidiendo públicamente la cancelación de corridas en Guadalajara y señalando que “no es cultura, es tortura”. Su participación ha dado mayor visibilidad mediática al movimiento antitaurino.
Tras el éxito en la Ciudad de México, activistas han anunciado que trabajan en Hidalgo y otras entidades para replicar la ruta legislativa que llevó a la prohibición en la capital. El objetivo es lograr que más congresos locales aprueben iniciativas similares, hasta alcanzar una prohibición nacional.
