El juicio en apelación contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos europeos comenzó este martes con la líder ultraderechista francesa esperando anular una primera condena y salvar su candidatura a la elección presidencial de 2027.
En marzo, un tribunal de primera instancia la condenó a cinco años de inhabilitación inmediata, una decisión que agitó el tablero político y que incluso el presidente estadunidense, Donald Trump, consideró una “caza de brujas”.
La política de 57 años llegó al Palacio de Justicia de París, en el centro histórico de la capital, para la primera jornada de este juicio previsto hasta el 11 de febrero, sin hacer declaraciones a la prensa, constataron periodistas de AFP.
“Espero poder convencer a los magistrados de mi inocencia”, dijo el lunes a la prensa la líder ultraderechista, cuyo “única linea de defensa” será “decir la verdad”. “Esperando que me escuchen mejor que en primera instancia”, apuntó.
El proceso en apelación llega cuando Le Pen o su delfín Jordan Bardella lideran los sondeos para suceder al centroderechista Emmanuel Macron en 2027. Además de Le Pen, otras 23 personas entre exeurodiputados, miembros y trabajadores del otrora Frente Nacional (FN), rebautizado Agrupación Nacional (RN), también fueron condenadas, al igual que la formación. Doce y el propio partido recurrieron la sentencia.
La presidencia de Francia era su objetivo desde que en 2011 heredara las riendas del FN, partido histórico de la extrema derecha, de su padre Jean-Marine Le Pen y cuya imagen extremista logró suavizar.
Sin embargo, el tribunal correccional de París la apartó de la carrera en marzo al condenarla a dos años de prisión firme, 100 mil euros (117 mil dólares) de multa y, sobre todo, a la inhabilitación inmediata.
Los jueces lo justificaron en la necesidad de “velar por que los cargos electos (…) no se beneficien de un régimen de favor, incompatible con la confianza que los ciudadanos buscan en la vida política”.
La corte la había declarado culpable de poner en marcha un “sistema” entre 2004 y 2016 para que los asistentes parlamentarios de su partido en el Parlamento Europeo, pagados por la institución, trabajaran “en realidad” para la formación, algo prohibido.
La justicia francesa no reveló ningún enriquecimiento personal en este caso y, en primera instancia, ordenó que los condenados devolvieran 3.2 millones de euros (3.72 millones de dólares) al Parlamento Europeo.
En lugar de negar en bloque, los abogados de la líder ultraderechista, Rodolphe Bosselut y Sandra Chirac-Kollarik, optarán ahora por subrayar que no tuvo la intención de cometer los hechos que se le imputan, según varios de sus allegados.
El objetivo de esta estrategia es que, en caso de condena, la pena de inhabilitación o de prisión le permita presentarse a la elección presidencial de 2027, a la que ya no puede postularse Macron, y hacer campaña. La pena máxima que enfrenta son 10 años de prisión.
En caso de nueva condena, le quedaría un último recurso ante la Corte de Casación. Su primer presidente, Christophe Soulard, aseguró que, en ese escenario, intentarían pronunciarse antes de la presidencial, “si es posible”.
“Sería muy preocupante para la democracia que la justicia privara a los franceses de una candidata a la elección presidencial que ya se ha clasificado en dos ocasiones para el balotaje y hoy aparece como favorita”, dijo el lunes Bardella.
Nueve meses después de su condena, la imagen de la finalista en las presidenciales de 2017 y 2022 se ha deteriorado en la opinión pública, y cada vez parece más probable que sea su protegido de 30 años el que se presente a la presidencia francesa.
En una encuesta de Verian para el diario Le Monde publicada el domingo, un 49% de los franceses estiman que, entre ambos, Jordan Bardella, presidente de RN, tiene “más posibilidades de ganar la presidencial”.
Con información de AFP.
