Empresas y empresarios es la sección en la que se encuadran nuestras colaboraciones en Excélsior. Por ello, el inicio de un año es un buen momento para recordar que la empresa no es un actor secundario del desarrollo. Es una institución esencial donde se organiza el trabajo, se transforma la iniciativa en producción útil, se genera valor económico y se construyen trayectorias de movilidad social. Su fortaleza sostiene ingresos, oportunidades y bienes públicos, mientras que su debilidad vuelve al país más frágil.
Nuestra Declaración de Principios y Valores en COPARMEX afirma que la economía debe servir a la persona y sujetarse a un marco moral, jurídico y social que haga compatible libertad y responsabilidad. La empresa, entendida como comunidad de trabajo y creación de valor, cumple una función social insustituible al unir eficiencia productiva con dignidad humana. Para sostener esa misión requiere rentabilidad, inversión y permanencia.
El problema es que México arrastra una contradicción estructural que se vuelve más visible al inicio de cada año. Queremos resultados propios de una economía moderna, pero toleramos condiciones que empujan a millones a la informalidad, frenan la inversión productiva y castigan la formalidad con costos crecientes y reglas inciertas. En ese entorno, la discusión pública suele concentrarse en metas deseables, salarios más altos, mayor bienestar y más derechos, pero evita la pregunta decisiva, qué condiciones permitirán sostener esos avances en el tiempo sin debilitar el empleo formal ni la competitividad.
Aquí conviene volver a lo esencial. El Bien Común, en la tradición que nos guía, es el conjunto de condiciones que permiten a cada persona desplegar su vida con plenitud. Bajo esa lógica, la empresa cumple una misión integral. Atiende al mercado al producir bienes y servicios útiles con productividad creciente, innovación y calidad. Al mismo tiempo, sirve a la sociedad al transformar ese valor en prosperidad mediante empleos formales y salarios dignos, desarrollo personal y profesional de sus colaboradores, cumplimiento de obligaciones fiscales y sociales, y reinversión para crecer. También debe reconocer a quienes arriesgan capital y sostienen el proyecto empresarial, retribuyendo su inversión con rentabilidad y dividendos, condición indispensable para que el ciclo continúe.
Por eso cobra especial sentido lo que ha señalado nuestro presidente nacional, Juan José Sierra, el mejor programa social es el empleo formal. Y ese empleo lo empujan las empresas. De manera muy destacada, las micro, pequeñas y medianas, que a contracorriente sostienen más del 95 por ciento del tejido productivo nacional, absorben costos, enfrentan incertidumbre y aun así mantienen abierta la puerta de la formalidad para millones de familias.
Para que la empresa cumpla su misión, el país debe garantizar seguridad jurídica, respeto a la propiedad, reglas estables, competencia leal, infraestructura y energía suficiente. La confianza entre Estado y particulares depende de la certeza legal y de políticas acertadas. Sin esas condiciones, la economía responde con cautela y la inversión se retrae. Las ventajas geográficas o comerciales se diluyen frente a economías que sí ofrecen claridad.
El arranque de año exige también un replanteamiento fiscal y regulatorio. México necesita finanzas públicas sólidas, pero el camino sostenible no es cargar el ajuste sobre el contribuyente formal. La ruta sensata es ampliar la base, reducir informalidad y alinear incentivos para inversión y productividad. Así la recaudación crece de manera orgánica sin asfixiar la actividad formal. Menos fricción regulatoria, más digitalización efectiva, más coordinación entre niveles de gobierno, reglas sencillas y cumplimiento exigible.
En esa conversación hay que decir algo que el empresariado vive todos los días. Para muchas empresas, operar en México implica una doble o incluso triple tributación. A la carga fiscal y laboral se suman costos que no deberían existir, la corrupción en trámites, la discrecionalidad regulatoria y, de forma cada vez más grave, la extorsión que actúa como un impuesto criminal que castiga al que trabaja, invierte y genera empleo.
También corresponde hablar de responsabilidad empresarial. La empresa no puede pedir condiciones sin asumir su parte. Cumplimiento de la ley, ética directiva, profesionalización, inversión en capital humano, innovación y una cultura interna que entienda que la productividad es la raíz del mejor salario. La empresa que se moderniza, capacita, invierte y compite limpiamente contribuye a elevar el estándar del país. Esa contribución se expresa en empleo formal, desarrollo local, cadenas de proveeduría y estabilidad social.
Empezar el año bien es volver a lo esencial. Defender la dignidad de la persona exige fortalecer los medios de su desarrollo. La empresa, cuando opera con libertad responsable, es uno de esos medios. El Estado debe garantizar seguridad, justicia, reglas firmes e infraestructura. El empresariado debe emprender, invertir, innovar y participar en la conversación pública con sentido de nación. Ese es el punto de partida para un crecimiento sostenido basado en instituciones confiables y en una economía que premie el esfuerzo productivo.
