La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, para que sea juzgada “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades”, a través del cual obtuvo una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el suicidio de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, el 7 de octubre de 2004.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informó que Márquez Padilla García ingresó a Pemex como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración el primero de junio de 2004 –durante el sexenio del panista Vicente Fox– y falleció el 7 de octubre de ese mismo año (sólo colaboró en ese puesto directivo 129 días).
Durante la conferencia mañanera de mayo de 2024 se dio a conocer que Márquez murió tras caer de una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de la paraestatal. Aunque los peritajes correspondientes señalaron que se trató de un suicidio, en ninguno de los documentos difundidos se asienta tal hecho.
Asimismo, se informó que el 19 de octubre de 2004 se solicitó al área correspondiente el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos a partir del 8 de octubre, un día después del deceso.
El ex director de Pemex señaló entonces que Casar había incurrido en fraude a la paraestatal por 31 millones de pesos, al haber cobrado 125 mil pesos mensuales.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial en contra de María Amparo Casar Pérez y dos personas más para que sean imputados “por su probable intervención en la comisión del hecho señalado en la ley como delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, vigente al momento de cometido los hechos”.
Según lo establecido en el Código Penal Federal, el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades puede ser imputado tanto a servidores públicos como a ciudadanos.
En cuanto a quienes laboran en instituciones públicas, se establece que se sancionará al servidor público que ilícitamente “otorgue permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico”.
Asimismo, se puede acusar de este delito a “toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación indebidos de las operaciones a que hace referencia la fracción anterior, o sea parte en las mismas”.
Se añade que “al que cometa el delito (…) se le impondrán de seis meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días multa”.
La audiencia está programada, según registros del PJF, para el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se le darán a conocer los resultados de la investigación realizada y las conductas que se les imputarán a los tres señalados como responsables de la comisión del ilícito. No se trata de un delito grave, por lo que, en caso de que se les decretara la vinculación a proceso, podrán seguir su juicio en libertad condicional.
Como la pensión fue suspendida por Pemex en febrero de 2024, María Amparo Casar tramitó un juicio de amparo y el juzgado sexto de distrito en materia del trabajo ordenó a Pemex que reintegrara el pago.
