Un exagente de alto rango de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) , Paul Campo, y su asociado, Robert Sensi, enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar dinero, adquirir armas y facilitar actividades ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que recientemente fue designada como grupo terrorista extranjero por el gobierno estadounidense.
La imputación, presentada por un gran jurado federal en Manhattan y dada a conocer este viernes, detalla un presunto esquema de narcoterrorismo que habría sido descubierto gracias a un informante confidencial dirigido por agentes encubiertos.
Este informante se hizo pasar por un miembro del CJNG y mantuvo conversaciones con los dos acusados, quienes, según documentos judiciales, aceptaron realizar diversas operaciones ilícitas para el supuesto cártel.
Campo, de 61 años y residente en Virginia, trabajó durante 25 años en la DEA, donde ascendió de agente en Nueva York a subjefe de operaciones financieras de la agencia.
Se retiró en 2016, pero, según la acusación, hizo uso de su experiencia y contactos para presumir su capacidad de apoyar al grupo criminal. Su socio, Robert Sensi, de 75 años, no cuenta con historial como agente federal, pero habría participado de manera activa en los acuerdos ilícitos.
Los cargos incluyen conspiración para narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. De acuerdo con los documentos, ambos acusados acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares de procedencia ilícita para el CJNG.
Además, convirtieron cerca de 750 mil dólares en efectivo a criptomonedas, lo que habría permitido al grupo criminal mover fondos sin ser detectado por el sistema financiero tradicional.
El expediente también señala que Campo y Sensi facilitaron un pago relacionado con 220 kilogramos de cocaína, droga que presuntamente sería distribuida en Estados Unidos por un valor aproximado de 5 millones de dólares, de los cuales obtendrían una parte como ganancia personal.
La acusación agrega que ambos investigaron la posibilidad de adquirir armas de grado militar para el cártel, incluidas carabinas M4, rifles AR-15, lanzagranadas y incluso granadas propulsadas por cohetes (RPG).
La gravedad del caso aumenta debido a la reciente designación del CJNG como organización terrorista extranjera por el Secretario de Estado Marco Rubio en febrero. Esta clasificación endurece las penas asociadas a cualquier colaboración con el grupo y coloca las presuntas acciones de Campo y Sensi en una categoría que va más allá del narcotráfico tradicional.
Las declaraciones oficiales subrayan el impacto institucional de esta acusación. Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, afirmó que los acusados “conspiraron para ayudar a uno de los cárteles más violentos y peligrosos del continente” y que Campo, en particular, “traicionó la misión que se le confió durante sus 25 años en la DEA”.
Terrance Cole, administrador de la DEA, añadió que este caso “deshonra a los agentes que arriesgan su vida a diario y socava la confianza pública en la institución”.
Campo y Sensi comparecerán en la corte federal de Manhattan. Hasta el momento, no se han registrado abogados en su nombre. Las autoridades continúan investigando si existieron más colaboradores o contactos involucrados en este presunto esquema de narcoterrorismo, considerado uno de los casos internos más graves dentro de la DEA en los últimos años.
