La Presidencia de Corea del Sur confirmó el jueves que seis ciudadanos surcoreanos permanecen detenidos en Corea del Norte desde hace años, después de que el presidente Lee Jae-myung afirmara un día antes, durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, que era la primera vez que oía hablar del asunto.
“Es la primera vez que oigo hablar de esto”, respondió Lee al ser preguntado por los surcoreanos retenidos en el Norte. En ese momento recurrió a su asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac, para ampliar la respuesta.
En un comunicado posterior, la oficina presidencial precisó que los seis ciudadanos —entre ellos misioneros cristianos y desertores norcoreanos— fueron arrestados entre 2013 y 2016, principalmente bajo cargos de espionaje, delito que en Corea del Norte contempla penas severas, incluida la muerte. La cifra y las fechas son consistentes con recuentos previos de autoridades y medios que han documentado detenciones de surcoreanos en ese periodo.
Durante la comparecencia del miércoles, Wi Sung-lac indicó que había casos de surcoreanos que “no habían podido regresar” tras entrar al Norte y “otros casos desconocidos”, sin confirmar cuándo se produjeron las detenciones. La aparente falta de conocimiento del presidente generó titulares críticos en la prensa local y alimentó un debate sobre la coordinación del gobierno en asuntos sensibles con Pyongyang en un momento en que Seúl intenta reorientar su política hacia la península bajo la nueva administración de Lee.
La aparente falta de conocimiento de Lee fue noticia en los medios locales. Un titular del diario conservador Chosun Ilbo lo calificó de “desinformado”.
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La Presidencia subrayó que, con los canales de diálogo intercoreanos suspendidos desde hace tiempo, la prioridad es “aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo causado por la división” y explorar vías para obtener información verificable sobre la situación y el paradero de los detenidos. La oficina añadió que coordinará con aliados y con organismos internacionales para recabar datos y evaluar opciones humanitarias.
El tema de los detenidos civiles surcoreanos ha sido históricamente opaco. Informes de organismos y coberturas internacionales han señalado que al menos seis surcoreanos fueron arrestados por el Norte en años previos, incluyendo misioneros que operaban cerca de la frontera con China o personas que cruzaron de manera irregular. Esos casos rara vez llegan a procesos judiciales transparentes y suelen quedar en un limbo diplomático por la ausencia de relaciones formales y la limitada presencia consular.
Analistas consultados apuntan a que el episodio revela dos frentes de tensión para el gobierno de Lee: la necesidad de articular una política intercoreana viable —en un contexto de creciente desafío militar de Pyongyang— y la obligación de ofrecer certidumbre a las familias de los detenidos. El desafío se produce mientras Seúl ajusta su estrategia económica y de seguridad bajo el nuevo liderazgo de Lee, después de una transición política que reordenó prioridades internas y exteriores, donde la administración anterior del expresidente Yoon Suk-yeol mostró mayor hostilidad con Pyongyang.
El gobierno no detalló qué pasos inmediatos dará para abordar los casos, ni si intentará canales indirectos, como a través de terceros países con presencia en Pyongyang o de agencias de la ONU.
