Álvarez Puga y Gómez Mont, aún prófuga, fueron acusados en 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi tres mil millones de pesos mediante empresas factureras.
Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).– El detenido Víctor Manuel Álvarez Puga era reconocido por tener uno de los despachos de abogados más importantes del país y por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont. También era visto por las revistas sociales como un destacado empresario filántropo. Lo cierto es que todo era una fachada, como muchas de las empresas que lo llevaron a ser la cabeza del “grupo facturero más importante del país”.
De acuerdo con fuentes oficiales, la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga ocurrió por razones migratorias, lo que significa que no fue aprehendido en cumplimiento de una orden de extradición.
Aunque su arresto no está vinculado a los delitos que se le imputan en México, las autoridades estadounidenses podrían deportarlo si confirman que su estancia en el país es irregular o si se activa una ficha roja de Interpol.
El empresario y su esposa dejaron México en 2019 y se trasladaron a Florida, luego de que se dieran a conocer procesos penales en su contra por presuntas operaciones ilícitas y corrupción durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN).
Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont, aún prófuga, fueron acusados en 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi tres mil millones de pesos mediante empresas factureras.
Gómez Mont, el rostro más visible de la pareja, se caracterizó por llevar una vida de lujo. En Estados Unidos, donde fue detenido Álvarez Puga por su estatus migratorio, Inés Gómez Mont adquirió una mansión que en el pasado perteneció a Cher y otra que era vecina de Donald Trump.
Años antes del cerco que se desplegó en 195 países contra esta pareja, ambos ya habían enfrentado problemas legales en México.
Víctor Álvarez Puga y su hermano Alejandro inauguraron en el año 2000 Álvarez Puga & Asociados y en tan sólo 10 años ya contaba con una cartera de 700 clientes a nivel nacional, según la información publicada en su perfil de Linkedin. Precisamente en 2010, las oficinas del despacho fueron cateadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en siete ciudades del país debido a una investigación por defraudación fiscal y lavado de dinero.
“Álvarez Puga & Asociados desarrolla esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos, reparto de utilidades, aguinaldos, pagos al IMSS y otras prestaciones que deberían gozar los trabajadores en México”, señaló el SAT en abril de 2010 mediante un comunicado. “El SAT detectó que el despacho Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran en conductas de evasión fiscal u outsourcing. Desarrollan esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos. Con el outsourcing se transfiere a trabajadores a sociedades cooperativas y se evita el reparto de utilidades, impuestos y seguridad social”.
En el año 2016 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desestimó el caso.
Álvarez Puga no sólo utilizó sus empresas para evadir impuestos y lavado de dinero a través de movimientos en efectivo y transacciones bancarias, también participó en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, y hasta hace unos años tenía una concesión vigente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Otro antecedente se remite a 2012, cuando el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.
El País sostiene este martes que fuentes consultadas refieren que la Procuraduría Fiscal y la Fiscalía lograron denunciar a Álvarez Puga ante un Juez sólo hasta que ciertos funcionarios poderosos salieron del Gobierno. Antes de eso, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indican las fuentes, se preparaba un acuerdo que permitiría a Gómez Mont cubrir sus adeudos fiscales y alejar el cerco de la justicia.
Precisamente en cuanto a Inés Gómez Mont, en febrero del 2020, meses antes de que se librara la orden de aprehensión en contra de ella y Álvarez Puga, se hizo público que existía una denuncia en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita debido a que durante el ejercicio fiscal de 2016 registró ingresos superiores a los que reportó en su declaración de ese año del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De hecho, en 2018 la conductora pidió la intervención del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de la PGR, para que le permitiera llegar a un acuerdo reparatorio con el Servicio de Administración Tributaria.
En noviembre de ese año se acordó que Inés Gómez Mont debería pagar 10 millones 967 mil 907 pesos “por concepto de contribuciones federales omitidas”, con lo que el asunto quedaría arreglado, pero el 16 de enero de 2019 se dictaminó que el monto no cubría el daño hecho a Hacienda, por lo que se exigió un pago adicional de dos millones 604 mil 537 pesos.
Sin embargo, la Dirección de Delitos Fiscales de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría de la Federación determinó improcedente el acuerdo, por lo que hubo una petición para que se ejerciera acción penal en contra de Gómez Mont.
“Es una investigación que se llevó a cabo por una discrepancia a la que todos estamos expuestos cuando no somos contadores y que en el momento que se me notificó que debía un dinero lo pagué en ese momento”, dijo la conductora el 10 de marzo de 2020 a Imagen Televisión al asegurar que no actuó con dolo.
Por este caso, la conductora promovió un nuevo amparo para detener el proceso en su contra.
En septiembre de 2021, Álvarez Puga y Gómez Mont fueron acusados por el uso de empresas fantasma que facilitaron a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero. El 28 de septiembre de ese año, la presentadora se declaró “inocente” en una carta divulgada en redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.
A eso se suma, que en 2022 el diario El País dio a conocer que la pareja enfrentaba una demanda civil ante una Corte de Florida por el adeudo de un crédito hipotecario de más de cuatro millones de dólares que adquirieron en julio de 2021. La documentación del juicio reveló que, como garantía de pago, Gómez Mont y Álvarez Puga dejaron en prenda dos inmuebles ubicados en los condados de Miami y Palm Beach, que suman un valor de 11.3 millones de dólares. Los documentos del caso demostraron que ambos personajes radicaban en Florida, donde poseen una fortuna inmobiliaria.
