Con los votos a favor de Morena y sus aliados, junto con Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Justicia aprobó un dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI), aunque se pronunció a favor de tener una ley general en materia de extorsión, votó en abstención por las propuestas de modificación que tenía y que no se analizaron en la sesión.
La iniciativa en materia de extorsión fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados apenas el pasado 20 de octubre, pero los legisladores aceleraron su aprobación al coincidir que se trata de uno de los delitos que más lastima a México.
De acuerdo con datos oficiales, entre enero y septiembre de 2025, se registraron 8 mil 585 víctimas del delito de extorsión, la cifra más alta registrada en los últimos diez años.
Una iniciativa que contempla sanciones y homologar delito de extorsión
La iniciativa propuesta por la presidenta contempla sanciones de entre seis y 15 años de prisión para castigar la extorsión, aunque la pena podría incrementar hasta en una tercera parte si se comete con una agravante, por ejemplo, que el agresor le imponga a la víctima el precio de los productos que vende; que se cometa contra una persona candidata a un cargo público, o que se utilice una institución de gobierno para efectuar el ilícito.
La reforma presidencial también contempla homologar el delito de extorsión y sus sanciones con agravantes para todo el país, además de repartir responsabilidades a las distintas autoridades encargadas de combatir este ilícito.
Al dictamen también se incluyeron otras iniciativas que diputados opositores y del bloque oficialista han presentado en materia de extorsión, lo que ayudó a que 25 legisladores votaran a favor del proyecto y solo tres priistas se abstuvieran.
“Se necesita que este delito sea sancionado con severidad para mandar un mensaje contundente a aquellas zonas que pretendan cometer dicho delito”, señaló la diputada Karina Piceno a nombre de Morena.
Aunque los partidos de oposición hicieron algunas observaciones al dictamen, se sumaron a la aprobación del proyecto junto con el bloque oficialista al considerar que la extorsión es un “cáncer” que afecta a las familias y la economía del país.
“La extorsión destruye la tranquilidad y el patrimonio de muchos mexicanos que solo buscan salir adelante y aspirar a una mejor calidad de vida. La extorsión alcanza a todos, desde quien vende en la vía pública hasta los grandes productores agrícolas, lo mismo ocurre en concesionarios de autos, restaurantes, transportistas y hasta iglesias que pagan una parte de sus limosnas que reciben”, señaló Emilio Suárez Licona a nombre del PRI.
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen en lo general y lo particular en un solo acto, sin analizar propuestas de modificación, ya que eso se realizará hasta el debate en el Pleno que ocurrirá el próximo miércoles 29 de octubre.
Entre las propuestas de modificación que los partidos de oposición presentarán tienen que ver con aumentar el presupuesto de las instituciones de seguridad para que puedan combatir el delito de extorsión, así como endurecer más las sanciones de cárcel.
“Estas buenas intenciones de todas y todos, y del propio Poder Ejecutivo, si no contempla recursos suficientes, ahora sí que será letra muerta esta nueva ley”, expresó Guillermo Anaya, integrante del PAN.
