Aunque desde 1996 se estableció el financiamiento público a los partidos para reducir el dinero ilícito en las campañas y garantizar condiciones de competencia para la oposición, este fin no se ha cumplido.
Nuestros informes de fiscalización lo demuestran”, afirmó el consejero del INE Uuc-kib Espadas, ante la próxima reforma electoral. Pero otro objetivo sí se logró: la oposición ha competido con un mínimo de recursos y ha ganado.
Como ejemplo, citó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección para jefe de Gobierno. “Enfrentamos una campaña de gasto descomunal; sin embargo, gracias al financiamiento público y la decisión del pueblo, ganamos esa elección de manera abrumadora”, destacó.
Criticó que se pretenda realizar una reforma electoral que “escuche al pueblo” y no a los expertos.
Siete de cada diez mexicanos apoyan la pena de muerte. La voz del pueblo no es la voz de Dios”, advirtió, al señalar que la democracia requiere proteger derechos fundamentales que no pueden ser alienados por mayoritarios.
Defendió las diputaciones plurinominales como indispensables para la equidad del voto.
Aseguró que el costo de las autoridades electorales tiene un impacto mínimo en el erario. Reducir este gasto, consideró, “significaría precarizar el servicio electoral, poner en riesgo la integridad de las elecciones y en nada contribuiría a destinar más recursos a fines sociales”.
“El dinero sucio todavía entra a las campañas”
Uuc-kib espadas defiende el financiamiento público a partidos, las diputaciones plurinominales, así como el costo de las autoridades electorales
El consejero del INE, Uuc-kib Espadas, defendió el financiamiento público entregado a partidos políticos, la existencia de las diputaciones plurinominales y el costo de las autoridades electorales, luego de que el oficialismo ha puesto en tela de juicio estos temas y pretende realizar una reforma electoral que “escuche al pueblo” y no a las “élites” expertas en temas electorales.
De acuerdo con reiteradas encuestas, siete de cada 10 mexicanos apoyan la pena de muerte. La voz del pueblo no es la voz de Dios”, advirtió, al señalar que la democracia requiere proteger derechos fundamentales que no pueden ser alienados por mayoritarios que busquen retrocesos.
Sobre el financiamiento público a los partidos, recordó que fue establecido en 1996 como un mecanismo para reducir la injerencia de dinero ilícito en campañas y garantizar condiciones mínimas de competencia.
El primer fin no fue logrado, el dinero ilícito ha seguido entrando en las campañas y nuestros informes de fiscalización lo demuestran. El segundo fin sí se logró: en este país las oposiciones compiten con un mínimo de recursos que ha permitido grandes victorias para la oposición”, sostuvo.
Como ejemplo, citó el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la primera elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: “Enfrentamos una campaña de gasto descomunal; sin embargo, gracias al financiamiento público y la decisión del pueblo, ganamos esa elección de manera abrumadora”.
En cuanto a las diputaciones plurinominales, afirmó que son un componente indispensable para la equidad del voto.
El ya muy primitivo, mejor dichoarcaico sistema uninominal garantiza una brutal sobrerrepresentación”, explicó.
De acuerdo con sus análisis, entre 1997 y 2021, los candidatos de mayoría relativa fueron electos con 45% de los votos, pero llegaron a ocupar 78% de la Cámara de Diputados.
La mayoría de 55% quedó reducida a 22% de los escaños gracias a la representación proporcional. La única solución para la igualdad del voto de los mexicanos es la representación proporcional directa. Cualquier otro argumento legitima la diferenciación del voto en favor de creencias de hegemonía que la historia nos demuestra que no existe más”, dijo.
Respecto al costo de las autoridades electorales, precisó que su impacto en las finanzas públicas es mínimo: “Con el financiamiento a partidos, el INE en su conjunto pesa en el Presupuesto Federal el 0.2 por ciento, es decir, de cada mil pesos, dos serían destinados al sistema electoral”.
Por ello, consideró que reducir este gasto “significaría precarizar el servicio electoral, poner en riesgo la integridad de las elecciones y en nada contribuiría a destinar más recursos a fines sociales. Eso es pura y llanamente demagogia”.
Subrayó que esta discusión sí corresponde a los especialistas: “Ser especialista no es un rango aristocrático ni un privilegio; es una condición personal de conocimiento técnico, académico y práctico. Y esa experiencia debe ser tomada en cuenta en un debate tan trascendental para la democracia del país”.
