El 17 de agosto de 2024, dos mujeres—Maria Makgato (45 años) y Lucia Ndlovu (34 años)—fueron presuntamente asesinadas en una granja en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, tras intentar recolectar productos lácteos vencidos destinados a alimentar cerdos.
Un hombre que las acompañaba, identificado como el esposo de Ndlovu, resultó herido pero logró escapar y alertar a las autoridades.
Las autoridades encontraron los cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de una pocilga de cerdos días después, lo que generó una ola de indignación nacional.
Juicio al granjero
Las personas acusadas son: el granjero dueño del predio, Zachariah Johannes Olivier, de 60 años; William Musora (también escrito Musuro o Musrora), un empleado de 45–50 años; y Adrian Rudolph de Wet, supervisor de 19–20 años. Todos enfrentan cargos por asesinato premeditado, intento de asesinato, tenencia ilegal de arma de fuego y obstrucción de la justicia; Musora además enfrenta cargos migratorios por estar ilegalmente en el país.
En una audiencia reciente, De Wet testificó que Olivier habría disparado a las dos mujeres y luego lo obligó a alimentar sus cuerpos a los cerdos para destruir evidencia. El tribunal evalúa si aceptará su testimonio como colaborador del Estado, lo que permitiría retirarle los cargos.
El juicio ha atraído una intensa atención mediática. En la corte, se presentaron protestas de partidos políticos, como los Economic Freedom Fighters, que exigen que no se otorgue libertad bajo fianza y que la granja sea clausurada inmediatamente.
El caso ha avivado tensiones raciales en Sudáfrica, dado que los acusados son blancos y las víctimas negras, lo cual se suma al legado de desigualdad rural y tenencia de tierras post-apartheid.
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La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos se pronunció en cuanto a la gravedad del acto y la necesidad de diálogo comunitario para evitar actos de venganza o justicia por mano propia.
Las críticas también apuntan hacia la persistente vulnerabilidad de los trabajadores rurales y personas que dependen de recursos básicos, en un país con altos índices de criminalidad y desigualdad.
ORP
