En medio de advertencias opositoras del riesgo de invasión a la privacidad de los ciudadanos, el pleno del Senado aprobó el endurecimiento de las reglas para prevenir el lavado de dinero en el sistema financiero, al cerrar espacios de riesgo en las áreas de gobierno, comercios, bancos, venta de casas y donaciones a organizaciones sociales, incluido los sectores energético, político y social.
Aprobada con 74 votos en favor, 13 votos del PRI en contra y 16 votos del PAN y Movimiento Ciudadano en abstención. Fue enviada a la Cámara de Diputados para su aprobación.
Este combate no es técnico, es ético, es político, es una auténtica acción de Estado con vocación de justicia y con el compromiso firme de cortar de raíz las redes financieras del crimen. Es un mensaje poderoso, fuerte: en México ya no gobiernan los corruptos, ni manda el crimen”, aseguró el morenista Óscar Cantón.
Dijo que con esta reforma se combate el “nepotismo delincuencial” y puso como ejemplo a Joaquín El Chapo Guzmán, que fue declarado culpable, pero que no le quitaron la riqueza que creó con sus actividades ilícitas.
La petista Geovanna Bañuelos dijo que “en México el dinero sucio no encontrará puertas abiertas ni complicidades encubiertas por la ley”.
El verdeecologista Luis Alfonso Silva añadió que el objetivo de la ley “es evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos mediante medidas de identificación, reporte y control. Sobre la supuesta vulneración de derechos fundamentales es pertinente aclarar que la reforma respeta plenamente los límites constitucionales de protección de datos y secreto bancario”.
Pero la oposición mostró otra realidad.
La emecista Alejandra Barrales dijo que esta ley vulnera a ciudadanos, sindicatos, iglesias y organizaciones sociales; a ciudadanos, porque tengan relación con servidores públicos, y al resto porque los obliga a solicitar identificación a quien les entregue dinero; a guardar los datos y a alertar a Hacienda si sospechan lavado.
La panista Guadalupe Murguía añadió que se elimina la presunción de inocencia y se vulnera la privacidad de los ciudadanos. La priista Claudia Anaya citó los artículos que consideró ambiguos y que, por tanto, ponen en riesgo a los ciudadanos.
Las tres coincidieron en que esta reforma es consecuencia de las decisiones del gobierno de Estados Unidos, que combate el lavado de dinero hasta en instituciones mexicanas.
