El Instituto Nacional Electoral (INE) dará a los aspirantes al Poder Judicial, cuyas candidaturas estén en riesgo por acusaciones, tres días para ejercer su derecho de defensa.
Rumbo a las elecciones extraordinarias, el árbitro electoral amplió a diez las causales para retirar la candidatura a aspirantes a juzgadores e invitó a la ciudadanía a denunciar a aspirantes que tengan vínculos con el crimen organizado, hayan violentado a mujeres o sean deudores alimentarios.
En los casos en los que la persona candidata a juzgadora se encuentre en alguno de los 10 supuestos, la Secretaría Ejecutiva, con el auxilio de los consejos locales y distritales, le enviará una notificación vía correo electrónico o en su domicilio, para que en un plazo de tres días naturales manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba la documentación que considere oportuna para desvirtuar los hallazgos obtenidos”, indicó este fin de semana.
Además, puso a disposición del público y de las organizaciones de la sociedad civil el micrositio https://8de8-contra-la-violencia-de-genero.ine.mx/ en el cual se podrá hacer la denuncia respectiva con el objeto de que no ocupen cargos como jueces, magistrados o ministros.
Estos candidatos a juzgadores, a juicio de la autoridad electoral, podrían incumplir con el requisito constitucional conocido como 8 de 8 contra la violencia hacia las mujeres y amplió el catálogo a prófugos de la justicia en general o que tengan sentencia firme que suspenda sus derechos políticos y electorales.
Es decir, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar; violencia familiar equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual.
Por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), en cualquiera de sus modalidades y tipos y, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”, describe el INE.
Además, pueden ser denunciados quienes estén prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria por pérdida de derechos políticos y electorales.
