Una docena de empresas automotrices han advertido que las medidas arancelarias de Trump podrían llevarlas a la bancarrota, mientras que más de una decena de estados han demandado a la Administración del magnate.
Los Ángeles/Madrid, 24 de abril (LaOpinión/EuropaPress).- El clima de tensión crece entre las automotrices estadounidenses que ya presionan a Donald Trump por temor a la bancarrota, pues han alertado que la imposición del 25 por ciento de aranceles a los vehículos y componentes de autos importados podría traer pérdidas millonarias y cobrar más de 400 mil empleos. En tanto, 12 estados de la Unión Americana presentaron este miércoles una demanda contra la Administración del Presidente Trump por socavar la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior.
Un grupo de presión compuesto por 12 asociaciones de la industria automotriz ha elevado una carta formal al mandatario exigiendo una reevaluación urgente.
Entre los firmantes de esa misiva se encuentran nombres de peso como Toyota, General Motors, Hyundai y Volkswagen, todos ellos afectados de manera directa por las medidas impuestas.
La carta alerta sobre despidos masivos, caída en la inversión extranjera y deslocalización de operaciones como posibles consecuencias si no hay un giro en el enfoque actual.
El Presidente Trump, sin embargo, no parece dispuesto a dar marcha atrás. En su discurso reciente ante la Cámara de Comercio en Ohio, calificó la implementación de los aranceles como “el Día de la Liberación” para la industria estadounidense. Una declaración que contrastó de inmediato con las respuestas de ejecutivos de primer nivel.
Elon Musk, CEO de Tesla y otrora consejero informal del Presidente, rompió el silencio y se mostró crítico con la política proteccionista: “Siempre le aconsejé a Trump una política de libre comercio. Esto perjudica a todos, incluso a nosotros”.
Y fue más allá, dejando entrever su frustración con quienes justifican esta estrategia, al señalar que “el padre de los aranceles no entiende cómo funciona el mundo moderno”.
La tensión entre ideología y realidad económica parece haberse intensificado con esta nueva oleada de restricciones comerciales. Para Musk y otros líderes del sector, no hay duda: este camino traerá consecuencias negativas inmediatas.
A nivel macroeconómico, las asociaciones industriales calculan que los aranceles podrían encarecer los vehículos importados en hasta seis mil dólares por unidad, afectando directamente al consumidor final y reduciendo la competitividad del mercado estadounidense frente a regiones como Europa y Asia.
En el plano laboral, las estimaciones son igualmente alarmantes. Un informe elaborado por la Alianza para la Innovación Automotriz sostiene que podrían perderse hasta 400 mil empleos si los aranceles se mantienen sin ajustes en los próximos dos años.
Las plantas más afectadas serían las del sur del país, donde marcas como Nissan, Honda y BMW tienen centros de ensamblaje que dependen en gran medida de piezas extranjeras.
El argumento de la Casa Blanca es claro: se busca incentivar la producción local y reducir la dependencia del extranjero. Pero hasta los propios fabricantes admiten que una relocalización de esa magnitud tomaría años y requeriría inversiones de miles de millones de dólares, algo inviable en el contexto actual.
“Todavía no nos recuperamos del impacto de la pandemia de 2020. Es una herida abierta”, afirmó un portavoz de Hyundai Motor America, quien además añadió que “empujar a las compañías a una reconversión forzada puede ser el golpe de gracia para muchas de ellas”.
Las tensiones también han alcanzado la esfera internacional. China, uno de los principales afectados por las nuevas tarifas, ha respondido con aranceles espejo del 125 por ciento a productos automotrices estadounidenses. El Presidente Xi Jinping fue tajante: “No vamos a someternos a las maniobras de presión de Estados Unidos. Llevamos siete décadas siendo autosuficientes”.
Esta postura firme del gobierno chino podría provocar un reordenamiento global de las cadenas de suministro.
Algunas marcas ya analizan relocalizar su producción hacia mercados con menor riesgo arancelario, como México o Turquía, lo cual significaría una pérdida directa para la economía estadounidense.
Europa, por su parte, también ha recibido advertencias desde Washington. La Administración Trump considera que los subsidios europeos a la movilidad eléctrica representan una competencia desleal y está evaluando nuevas tarifas a vehículos provenientes de Alemania, Francia y España. Las conversaciones con Bruselas, sin embargo, han sido poco fructíferas.
Mientras tanto, en el otro frente, China y la Unión Europea han avanzado en un posible acuerdo que pondría un precio mínimo a los coches eléctricos chinos vendidos en el continente europeo, lo que evitaría aplicar aranceles que ya alcanzan el 45,3 por ciento.
Los analistas coinciden en que la escalada arancelaria puede tener efectos de largo plazo en la estructura misma del comercio global. “Estamos ante una reconfiguración del tablero”, sostiene Rachel King, economista jefe de Bloomberg Economics. “Si Estados Unidos se mantiene en esta línea, los fabricantes buscarán nuevos centros de producción, y eso no será fácil de revertir después”.
En definitiva, el objetivo de “America First” en lo económico parece haberse convertido en una espada de doble filo. El impulso a la producción nacional, tan defendido por Trump, podría llevar a una desaceleración generalizada si los costos se disparan y las inversiones se repliegan.
“Nos enfrentamos a una situación crítica”, declaró Jim Farley, CEO de Ford, en una reciente entrevista y agregó: “No se trata sólo de números, sino de empleos, innovación y supervivencia de empresas centenarias. Necesitamos que el Presidente escuche”.
Ahora, la industria espera y lo hace con preocupación. Porque lo que está en juego no es solo una balanza comercial: es el futuro de un ecosistema industrial que da empleo directo e indirecto a más de 10 millones de personas sólo en Estados Unidos.
Una docena de estados presentan una demanda contra Trump por aranceles
Un total de doce estados de Estados Unidos han presentado este miércoles una demanda contra la Administración de Donald Trump, impugnando la legalidad de la agenda arancelaria a sus socios comerciales del inquilino de la Casa Blanca, argumentando que socava la autoridad constitucional del Congreso para regular el comercio exterior.
“Al arrogarse la autoridad para imponer aranceles inmensos y en constante cambio sobre cualquier mercancía que entre en Estados Unidos, por cualquier razón que considere conveniente para declarar una emergencia, el Presidente ha alterado el orden constitucional y ha sembrado el caos en la economía estadounidense”, reza la denuncia presentada por fiscales demócratas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.
El desafío legal, liderado por los fiscales de Arizona y Oregón, Kris Mayes y Dan Rayfield, respectivamente, busca detener la aplicación de aranceles impuestos por Trump tras invocar una Ley de 1977 (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) que otorga a los presidentes el poder de supervisar el comercio si el país está en estado de emergencia.
“Las supuestas ‘amenazas inusuales y extraordinarias’ identificadas por Trump como ‘emergencias nacionales’ no constituyen emergencias. Tampoco son extraordinarias, ni siquiera inusuales”, ha declarado la parte demandante.
La demanda ha sido presentada por los fiscales generales de Nueva York, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Oregón y Vermont.
El portavoz adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, ha calificado la acción legal de “cacería de brujas” y ha sostenido que la Administración Trump “mantiene su compromiso de utilizar toda su autoridad legal para enfrentar las distintas emergencias nacionales que nuestro país enfrenta actualmente, tanto el flagelo de la migración ilegal y los flujos de fentanilo a través de nuestra frontera como el explosivo déficit comercial anual de bienes”.
La semana pasada, un grupo de empresas estadounidenses presentó una demanda sobre la autoridad del Gobierno para imponer aranceles, mientras que un grupo de derechos civiles presentó una queja por motivos similares a principios de mes, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN.
