Un video de más de cuatro minutos circula en redes sociales, donde un supuesto vocero del CJNG, encapuchado y armado, lee un comunicado frente a 32 personas también armadas y vestidas de negro. En él, desmiente que el predio fuera usado como centro de exterminio o reclutamiento forzado, como lo han denunciado colectivos de búsqueda y la prensa.
Según el comunicado, las fuerzas federales aseguraron el rancho el 18 de septiembre de 2024 tras una persecución que resultó en la liberación de dos personas privadas de la libertad. Aseguran que en ese momento “no se encontraron pruebas” de un campo de exterminio, por lo que la investigación fue cerrada.
Sin embargo, el 8 de marzo de 2025, un grupo de madres buscadoras encontró restos óseos calcinados, cientos de zapatos, ropa y cartuchos percutidos en el lugar, lo que desató nuevas investigaciones. El CJNG cuestiona la legitimidad de estos hallazgos y acusa a los colectivos de “manipular los hechos”.
“No hubo crimen organizado en el rancho”
El vocero del cártel afirmó que el inmueble estuvo asegurado por el Gobierno Federal desde septiembre de 2024, con vigilancia terrestre y aérea. También criticó la intervención de los colectivos de búsqueda, cuestionando su “autoridad” para ingresar al predio.
“Intentan perjudicar al Cártel Jalisco Nueva Generación con mentiras e historias sin fundamento”, afirmó el vocero, quien también aseguró que el grupo criminal tiene “códigos” y que entiende el dolor de las familias de desaparecidos, pero que “no es la manera de distorsionar la realidad”.
Rancho Izaguirre: el epicentro de un hallazgo perturbador
El video surge tras el hallazgo de indicios que sugieren que el rancho fue utilizado como centro clandestino. Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que encabezó la búsqueda, sostiene que en el lugar se reclutaba a jóvenes bajo engaños y que quienes se negaban a unirse eran asesinados.
Las denuncias apuntan a que el rancho habría operado de manera similar a otros seis sitios descubiertos en Jalisco entre 2023 y 2025. En respuesta, la Fiscalía de Jalisco reconoció que la investigación inicial fue “insuficiente” y el caso fue absorbido por la Fiscalía General de la República (FGR).
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) calificó de “preocupante” que las autoridades no encontraran indicios en 2024, y exigió una investigación “exhaustiva e imparcial”.
