Al menos mil 360 niños y niñas nunca se han reunido con sus madres y padres seis años después de que el gobierno de Estados Unidos los separara de manera forzosa en la frontera sur estadunidense, con el fin de disuadir a las personas migrantes.
Según un reporte de Human Rights Watch (HRW), el programa, que inició en la primera administración de Donald Trump, constituyó desaparición forzada y es posible que haya configurado tortura.
“Los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a familias separadas no han abordado debidamente el daño grave que se les causó”, explicó la oenegé internacional.
El informe Tenemos que llevarnos a los niños: Tras seis años de la política de ‘Tolerancia Cero’, la rendición de cuentas es nula, concluye que el gobierno se negó, en muchos casos durante días o semanas, a revelar a padres y madres las circunstancias y el paradero de sus hijos e hijas, de quienes habían sido separados, lo cual, según HRW, concuerda con la definición de desaparición forzada.
“Las separaciones forzadas de familias también pueden haber constituido tortura, que ocurre cuando un agente del Estado provoca de manera deliberada sufrimiento grave con fines indebidos. Incluso un único caso de desaparición forzada o tortura es un delito conforme al derecho internacional”, añadió la oenegé.
“Es escalofriante ver, en un documento tras otro, la crueldad premeditada que se introdujo en la política sobre separación forzada de familias”, manifestó Michael García Bochenek, abogado sénior de la división de Derechos del Niño de HRW y autor del informe. “Un gobierno nunca debe actuar contra niños y niñas para enviar un mensaje a sus padres”.
Los niños y niñas y los padres y madres entrevistados por Human Rights Watchen 2018 y 2019 señalaron que sufrían angustia intensa, ansiedad profunda y otros traumas. Un niño de 15 años procedente de Guatemala manifestó que se sintió “desesperado, desconsolado y preocupado” después de ser separado de su padre en octubre de 2018.
A menos de un mes de que Donald Trump tome el cargo de presidente de EU, trasciende que, en su primer mandato, algunos de los altos funcionarios que desempeñaron un papel principal en el desarrollo y la implementación de estas políticas son Thomas Homan, elegido para ser próximo zar de la frontera, y Matthew Whitaker, a quien Trump ha indicado que designará como embajador de Estados Unidos ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Según HRW, son varios los actores gubernamentales que podrían revertir y resarcir el daño de las políticas de separación de familias migrantes.
“El Congreso y el Poder Ejecutivo deben poner en marcha medidas exhaustivas para remediar los agravios que sufrieron estas familias, y considerar la posibilidad de otorgarles la residencia permanente; el Departamento de Seguridad Nacional de EU debería adoptar estándares que mantengan unidas a las familias”.
La oenegé incluso sugirió que el Senado debe evaluar el rechazo a los funcionarios que proponga Trump que hayan estado involucrados en estas medidas antimigrantes.
