Quintana Roo.-La mina Calica, ha generado un conflicto entre la empresa estadounidense Vulcan Materials Company y el gobierno mexicano, tras el decreto que la declara como Área Natural Protegida (ANP).
¿Por qué se decretó Calica como área natural protegida?
En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que declaró a más de 53 mil hectáreas en Quintana Roo, incluyendo la mina Calica, como ANP bajo el nombre de Felipe Carrillo Puerto. Según las autoridades, esta medida busca proteger la biodiversidad y mitigar el daño ambiental causado por actividades extractivas.
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la empresa Vulcan amplió sus operaciones más allá de los permisos originales, lo que generó un impacto ambiental en la región.
¿Qué acciones legales ha tomado Vulcan Materials?
Vulcan Materials ha recurrido a diversas instancias legales para desafiar el decreto, incluyendo:
- Amparos en tribunales mexicanos: Busca revertir el decreto de ANP.
- Controversias bajo el T-MEC: Alegan que el cierre de sus operaciones constituye una expropiación, exigiendo una indemnización superior a 1,500 millones de dólares.
- Litigio internacional ante el Banco Mundial: A través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
La empresa argumenta que el decreto afecta sus derechos como inversionista extranjero. Sin embargo, el gobierno mexicano insiste en que no se trata de una expropiación, sino de una medida de protección ambiental.
Esto ha dicho el gobierno al respecto
La presidenta Claudia Sheinbaum ha subrayado que el conflicto no es comercial, sino ambiental. Afirmó que el gobierno defenderá la declaratoria de ANP ante cualquier instancia, incluyendo el T-MEC. Además, señaló que ninguna empresa extranjera, sea estadounidense o canadiense, puede violar las normas ambientales mexicanas, mismas que forman parte de los compromisos establecidos en el tratado.
Asimismo, Sheinbaum propuso que expertos, como biólogos o supervisores, evalúen los daños ambientales ocasionados por la operación de Vulcan en la zona.
El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye cláusulas que permiten a las empresas recurrir a controversias internacionales en casos de posibles violaciones a sus derechos como inversionistas. Sin embargo, también establece la obligación de cumplir con las normativas ambientales de los países miembros.
El gobierno mexicano sostiene que su decisión está alineada con los compromisos ambientales del tratado, lo que refuerza su postura en este litigio.
¿Qué sigue en el caso de Calica?
El gobierno espera que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, encabezada por Alicia Bárcena y Marcelo Ebrard respectivamente, den seguimiento al caso. Además, se plantea la posibilidad de que expertos internacionales visiten la zona para evaluar los daños.
Por ahora, las operaciones de Vulcan permanecen clausuradas, mientras que los tribunales y organismos internacionales determinan el rumbo de este conflicto.
