La Policía Federal de Brasil concluyó que el expresidente Jair Bolsonaro tenía “pleno conocimiento” de un plan para asesinar al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, y ordenó inculparlo. El objetivo del supuesto complot era facilitar un golpe de Estado y mantener al ultraderechista en la presidencia tras las elecciones de 2022.
La policía brasileña recomendó este jueves inculpar al expresidente. Bolsonaro figura en una lista de 37 personas que según la policía federal deberían ser procesadas por “los crímenes de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal”, según un comunicado.
El informe, obtenido por CNN Brasil horas antes, señala que Bolsonaro y varios de sus aliados clave, incluidos exministros y figuras políticas de alto rango, habrían participado en la conspiración. Entre los mencionados se encuentran el general Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional; Walter Braga Netto, exministro de Defensa; Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL); y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin), todos ellos imputados en la causa.
El documento debe ser enviado al Supremo Tribunal Federal (STF), donde Alexandre de Moraes, juez y relator del caso, deberá remitirlo al Ministerio Público. Según fuentes judiciales, el proceso podría entrar en una etapa de juicios hacia mediados de 2025.
El cronograma establece que, una vez recibido el informe, el Ministerio Público tendrá 15 días para decidir si presenta una denuncia formal, archiva el caso o solicita nuevas medidas de investigación. Si el proceso avanza, se convocarán audiencias con testigos y se producirán nuevas pruebas antes de llegar a un juicio que podría celebrarse en junio de 2025.
CNN Brasil intentó contactar a los mencionados en el informe. Augusto Heleno declaró que no comentará sobre las acusaciones, mientras que la defensa de Anderson Torres, exministro de Justicia, afirmó que esperará la confirmación oficial de la denuncia antes de emitir declaraciones. Otros implicados aún no han respondido. Por su parte, Braga Netto negó cualquier participación en el plan y calificó las acusaciones como “especulaciones sin fundamento”.
De confirmarse las acusaciones, este sería uno de los mayores escándalos políticos en la historia reciente de Brasil después del escándalo de corrupción Lava Jato —que llevó a Lula Da Silva a prisión y es el incio del Caso Odebrecht—, implicando no solo a un expresidente, sino también a altos funcionarios militares y políticos. El caso ya ha generado tensiones políticas en el país, especialmente por la participación de figuras vinculadas a las Fuerzas Armadas. José Múcio, ministro de Defensa, aseguró que los militares involucrados “no representan a las Fuerzas Armadas de Brasil”.
