La Cámara de Diputados mantiene su interés en reducir la jornada laboral en México. Esta semana se presentaron dos nuevas iniciativas, sumando así cuatro propuestas con el mismo fin: establecer una semana laboral de 40 horas con dos días de descanso por cada cinco trabajados, una reducción de 48 a 40 horas. Las propuestas provienen de los partidos Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), este último con dos iniciativas.
Aunque en la legislatura pasada ya se discutió el tema y se aprobó un dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, la propuesta no alcanzó el pleno y fue desechada. A diferencia de la propuesta anterior, los proyectos actuales incluyen tanto a empleados del sector privado como a servidores públicos, proponiendo cambios en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución.
Las propuestas del PT y del diputado Napoleón Gómez Urrutia (Morena) no sugieren una transición gradual, aunque establecen plazos de entre seis meses y año y medio para que el Congreso ajuste las leyes secundarias. En su primer día de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su compromiso de avanzar hacia la semana de 40 horas de forma gradual y en consenso con el sector empleador.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, afirmó que la reducción de la jornada laboral será una prioridad legislativa y que su aprobación podría lograrse antes de finalizar el año. A continuación, se detalla el contenido de las propuestas en discusión:
Algunas iniciativas consideran una implementación escalonada. Por ejemplo, el proyecto del diputado Manuel Vázquez (Morena) propone reducir la jornada según el tamaño de la empresa: grandes empresas en seis meses, medianas en año y medio, pequeñas en dos años, y microempresas en tres años y medio. En tanto, la iniciativa del diputado Juan Ignacio Zavala (MC) sugiere un programa piloto de un año, coordinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Economía (SE), para analizar los efectos de la reducción horaria y definir una transición gradual.
Todas las propuestas incluyen la protección del salario, lo que garantiza que la reducción de horas no afecte el ingreso de los trabajadores. Incluso, algunas buscan incluir en la Constitución el derecho de los empleados a recibir su salario íntegro, independientemente de los días de descanso. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también recomienda proteger el salario al reducir la jornada laboral.
La mayoría de las iniciativas consideran a los trabajadores del sector público, a diferencia de propuestas anteriores. Actualmente, el gobierno federal y los gobiernos locales emplean a cerca de cinco millones de personas, quienes ahora serían beneficiados con la reducción a 40 horas semanales. La exclusión de los servidores públicos fue uno de los principales puntos de crítica en legislaturas pasadas, ya que en muchas dependencias públicas ya se aplica una semana de cinco días laborales.
La reducción de la jornada laboral responde también a una necesidad de mejorar la salud y la productividad. Los legisladores destacan que, a pesar de la cantidad de horas trabajadas en México, no se observa una productividad proporcional, como sí ocurre en países con jornadas más cortas. Además, argumentan que largas jornadas aumentan el estrés y afectan la salud mental de los trabajadores.
La gradualidad en la implementación responde a la recomendación 116 de la OIT, que sugiere una transición escalonada hacia una semana de 40 horas.
