El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), afirmó este martes durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el caso del asesinato de la menor de edad Heidi Mariana Pérez por una ráfaga de fusil militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2022, podría caer en el ámbito de “desobediencia de orden militar”.
Este hecho, destacado por la Sedena al ser cuestionada sobre el respeto a los derechos humanos, afirmó se está investigando por la Fiscalía General de la República (FGR).
Ese caso caería en el ámbito de la desobediencia, que es un delito del fuero militar, y además la Secretaría de la Defensa Nacional, también proporcionan todo lo que requieren las autoridades con total transparencia, se les proporciona todo el material armamento equipo para que hagan los peritajes correspondientes.
Gertz Manero: todos los casos se investigan
Sumado a las declaraciones de Trevilla, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, aseguro que esto es protocolario, ya que “no hay un solo caso, uno, de un enfrentamiento y civiles con bajas por parte de ambas partes, del que no se haya iniciado una carpeta de inmediato, independientemente de la investigación que el Ejército tiene obligación de hacer”.
“Tenemos varios militares que están en la cárcel, y lo más importante es que no hay un solo caso que no se haya abierto en ese momento en la carpeta y se haya dirigido a las autoridades militares toda la información”, sentenció Gertz en Palacio Nacional.
Sistemáticamente no se violan los derechos humanos
Derivado de la pregunta sobre el caso Heidi Mariana, el titular de la Sedena aseveró que el Ejército respeta “sistemáticamente” los derechos humanos en el país.
“Sistemáticamente no se violan los derechos humanos porque también hay muchas ocasiones en donde hay heridos en las que el mismo personal militar les proporcionan los primeros auxilios o inclusive los evacúan a las instalaciones hospitalarias más cercanas que haya”, se justificó el general.
Según Trevilla, cuando ocurre un evento en el algún militar es dudoso de haber cometido alguna irregularidad “de inmediato” se informa a los órganos correspondientes de la Sedena y a las fiscalías.
La instrucción que hemos recibido nosotros, y además lo tenemos que hacer por ley, es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso racional de la fuerza y por supuesto en especial las instrucciones que he recibido de la señora Presidente de la República es que no haya impunidad.
El Ejército mexicano es permanentemente cuestionado por la legalidad de sus acciones, una de las más recientes es la masacre de migrantes ocurrida en Chiapas, el pasado 2 de octubre, apenas un día después del inicio del gobierno de Sheinbaum, cuando personal militar disparó y asesinó a seis personas desarmadas.
La Guardia Nacional (GN), recientemente incorporada a la Sedena, otra rama militar bajo la lupa de los defensores de derechos humanos, ya que desde su creación bajo el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), ha estado involucrada en múltiples asesinatos y faltas al derecho internacional.
López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, son acusados por los grupos de oposición en México de impulsar una militarización del país al ceder al Ejército muchas de las tareas de seguridad propias de la policía, consumar la entrada de la GN en la Sedena u otorgar a los militares el control de aeropuertos, instalaciones portuarias e incluso la construcción de carreteras.
Con información de EFE
