La escasez de agua en las colonias de bajos recursos de Iztapalapa y Xochimilco ha desatado una crisis que va más allá de la falta del servicio, revelando una dimensión alarmante de género y abuso sexual.
¿Cuál es la denuncia?
Jorge Alberto Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso en un foro de parlamento abierto sobre el agua organizado por el Congreso de la Ciudad de México que algunas mujeres en estas zonas han sido víctimas de extorsión sexual por parte de los operadores de pipas de agua.
Un estudio reciente mostró que, de 600 mujeres encuestadas en ambas alcaldías, un 5% informó haber sido forzada a intercambiar sexo para obtener agua, mientras que el 50% indicó haber sufrido violencia sexual durante la entrega del servicio. Esta situación revela una práctica de abuso profundamente preocupante y poco visibilizada.
“El peor de los actos de corrupción”
Arriaga calificó esta situación como “el peor de los actos de corrupción”, agravado por la falta de frecuencia en la distribución de agua en estas zonas.
Las mujeres, a menudo responsables de asegurar el suministro de agua en sus hogares, deben esperar por largas horas la llegada de las pipas y enfrentan la falta de un sistema de vigilancia que regule el comportamiento de los operadores.
“Cuando una mujer necesita el agua pero no tiene dinero para pagar, uno de los métodos que usan los operadores es solicitar favores sexuales a cambio del servicio”, señaló Arriaga.
Desigualdad en el acceso al agua
La falta de agua afecta de manera desproporcionada a los sectores con menores ingresos, quienes también enfrentan un mayor costo relativo para obtener este recurso.
Arriaga explicó que mientras el decil más bajo de ingresos, con un promedio mensual de 4,700 pesos por hogar, destina alrededor del 8% de sus recursos al pago de agua embotellada y pipas, el decil más alto, con ingresos de más de 70,000 pesos, solo destina un 1% para cubrir esta necesidad.
Esta desigualdad de costos y acceso no solo afecta a mujeres en situación de pobreza, sino también a personas con discapacidad que, debido a las limitaciones físicas y económicas, carecen del servicio.
Urgencia de políticas públicas inclusivas
Durante su intervención, Arriaga destacó la necesidad de implementar políticas públicas de acceso al agua con un enfoque interseccional y transversal, tomando en cuenta variables como la pobreza, el género y la discapacidad.
“Es esencial que estas políticas consideren la situación de las comunidades vulnerables para reducir los abusos y la carga desproporcionada que enfrentan las personas de menores recursos”, concluyó el investigador.
