Entre los 711 nombres de magistrados de circuito y jueces de distrito que perdieron su plaza, porque será sometida a votación el próximo año están dos exmagistrados electorales federales, Indalfer Infante y Constancio Carrasco Daza, quien incluso fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El magistrado Felipe Fuentes, quien se quedará en su posición como magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, también perdió la plaza como titular del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Toluca, que estaba ocupada por un interinato mientras él concluía su función en el Tribunal Electoral.
De igual manera el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, también se quedará sin plaza; él se hizo famoso cuando ordenó la prisión preventiva de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, basado en una licencia de conducir falsificada por la Fiscalía General de la República.
En el listado de los juzgados y tribunales cuyos titulares concluirán su labor, porque serán sustituidos por quienes ganen elecciones, están diversos juzgadores que denunciaron actos de corrupción de la Corte cuando fue presidida por Arturo Zaldívar o que fueron atacados por diferentes instancias de gobierno inconformes con sus fallos.
Por ejemplo, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, quien ha sido atacado por el oficialismo, porque concedió diferentes suspensiones a la construcción del Tren Maya; la jueza Abigail Ocampo Álvarez, quien fue señalada de “amparar delincuentes” por parte de autoridades federales, por su decisión de conceder un amparo a Antonio Oseguera, hermano de Menesio Oseguiera, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en contra de la vinculación a proceso por el delito de acopio de armas para uso exclusivo del Ejército.
Otra juzgadora cuyo nombre fue parte de los jueces que perdieron su empleo, porque fueron sorteados para que sus plazas sean sometidas a elección el próximo año es Sandra Leticia Robledo Magaña, quien procedió legalmente contra Carlos Alpízar, mano derecha del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. La jueza señaló a Alpízar de presionarla para que emitiera fallos no basados en su criterio, sino en las peticiones de él.
Esa denuncia propició una decisión del pleno de la Corte para investigar los hechos, pues ella no fue la única de denunció la existencia de presiones por parte de Alpízar.
Otro de los involucrados en ese escándalo es el magistrado Constancio Carrasco Daza, a quien diversos juzgadores señalaron como parte de la operación de Alpízar para presionarlos; en la tómbola del Senado la plaza de Carrasco Daza salió como parte de las que habrán de someterse a votación el próximo año.
El magistrado Alberto Roldán Olvera fue quien hizo públicos los audios que demuestran la precisón que le ejercía Carlos Alpízar, pero al ser su plaza identificada en número par, su sustitución será hasta dentro de tres años.
JUFED ACUSA DESPIDO DE FACTO DE 711 FUNCIONARIOS JUDICIALES
Además de manifestar su “más enérgica protesta” por el proceso con el que se destituyó de facto a 711 funcionarios de carrera del Poder Judicial Federal (PJF), mediante la aplicación de una tómbola, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) afirmó que el Poder Legislativo sigue rompiendo el orden constitucional.
Por ello esta Asociación insiste en que los actos del Poder Legislativo violan flagrantemente el Estado de derecho y continúan de manera sistemática con el rompimiento de nuestro orden constitucional.
En el procedimiento en cita, es a todas luces un acto nulo que debe dejarse sin efecto”, manifestó la directora general de la Jufed, la jueza Juana Fuentes Velázquez.
La agrupación calificó como “humillante” el proceso que se aplicó en la sesión del Senado de la República, el sábado pasado, como lo estableció la Reforma Judicial que entró en vigor el 16 de septiembre.
La Jufed expresa su más enérgica protesta en contra de los actos realizados por el Senado de la República el día de ayer (sábado).
En un acto verdaderamente humillante, que en forma alguna encuentra sustento legal, se jugó al azar con la vida profesional no sólo de las personas juzgadoras, sino también de los trabajadores de confianza y de la familia de todos ellos”, reprochó Fuentes Velázquez.
La Jufed insistió en que el Senado incurrió, nuevamente, en la ilegalidad, ante el incumplimiento a las suspensiones decretadas por la justicia federal, por lo que ofreció ayuda legal y acompañamiento a las personas magistradas y jueces afectadas.
-DAVID VICENTEÑO
