El empresario multimillonario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, que incluye empresas como TV Azteca, Banco Azteca y Elektra, generó controversia tras arremeter contra el partido político Morena y sus votantes, a quienes calificó de “vividores, ignorantes y estúpidos”. En un mensaje publicado en la red social X (anteriormente Twitter), Salinas criticó a los partidos de izquierda, incluyendo a Morena, al afirmar: “Los de izquierda (Morena es de izquierda) no son políticos, son vividores que se aprovechan de la ignorancia y estupidez de las masas”.
Su comentario provocó diversas reacciones, entre ellas la respuesta de un usuario que lo acusó de aprovecharse de la gente mediante los altos intereses cobrados en Elektra, a lo que Salinas replicó de manera tajante: “Que no pidan y listo”. Estas declaraciones no sorprenden dado el historial de enfrentamientos del empresario con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México apoyado por Morena, y la reciente victoria electoral de Claudia Sheinbaum, quien será presidenta hasta 2030.
Conflicto con el gobierno de AMLO
El conflicto entre Ricardo Salinas y el gobierno de López Obrador ha escalado en los últimos años debido a dos temas principales: la exigencia de pago de una millonaria deuda fiscal y la disputa por un campo de golf en el Parque Nacional Tangolunda, en Huatulco. Este terreno, adquirido por Salinas en 2012 mediante una concesión, fue declarado Área Natural Protegida por el gobierno en 2022. Tras el vencimiento de la concesión, el 26 de febrero del mismo año, AMLO anunció que el área sería un parque nacional, y en marzo, la Guardia Nacional tomó posesión del campo de golf, lo que Salinas consideró un abuso de poder.
Este incidente es parte de una serie de tensiones entre el magnate y la administración actual. El empresario ha acusado al gobierno de utilizar estos conflictos, junto con los reclamos fiscales, para desviar la atención de los problemas reales del país.
La millonaria deuda con el SAT
Una de las disputas más serias entre Salinas Pliego y el gobierno es su millonaria deuda fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha señalado que las empresas de Salinas acumulan una deuda de 63 mil millones de pesos, derivada de auditorías fiscales realizadas entre 2008 y 2018. Esta deuda incluye 53 mil millones relacionados con juicios fiscales en curso y 10 mil millones que surgieron bajo la administración actual.
El principal conflicto se centra en el uso de la consolidación fiscal, un régimen que permitía a empresas como Elektra compensar pérdidas de filiales con las ganancias de otras. Este mecanismo fue eliminado en 2013, pero las empresas de Salinas continúan enfrentando litigios por el uso de dicha estrategia en años anteriores. El empresario ha recurrido al sistema judicial para intentar anular o reducir estos montos, y actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está revisando el caso.
La respuesta judicial
El caso ha alcanzado un nivel judicial relevante, con la SCJN, presidida por Norma Lucía Piña Hernández, admitiendo un recurso de revisión interpuesto por Grupo Elektra. La empresa busca que la Corte declare inconstitucionales las disposiciones legales que han llevado a los créditos fiscales multimillonarios, con la ministra Yasmín Esquivel Mossa a cargo del estudio del caso.
Grupo Elektra ya ha enfrentado varias derrotas en tribunales anteriores, incluyendo la negativa de amparo por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin embargo, la esperanza de Salinas Pliego reside en que la SCJN revise el caso y emita una sentencia favorable que le permita evitar el pago de la deuda.
Perspectivas y consecuencias
Este enfrentamiento entre uno de los empresarios más poderosos de México y el gobierno de López Obrador ha polarizado opiniones. Mientras que algunos ven a Salinas Pliego como un símbolo del abuso empresarial, otros consideran que las acciones del gobierno son una estrategia para debilitar a quienes critican su administración. Si la SCJN falla en contra de Elektra, Salinas podría enfrentar un golpe financiero considerable, con repercusiones en su vasto imperio empresarial. Por otro lado, si la Corte decide a su favor, se fortalecería su posición en esta batalla legal contra el SAT y podría sentar un precedente importante en la interpretación de las leyes fiscales en México.
