Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de México. Foto: Captura Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de México, respondió a las preocupaciones expresadas por la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite.
Ricardo Monreal abordó las observaciones y subrayó que el gobierno mexicano recibió el mandato de la relatora el pasado 29 de julio, en conformidad con la resolución 53/12 del Consejo de Derechos Humanos.
En su respuesta, expresó que la iniciativa del Ejecutivo incluye mecanismos para asegurar la independencia judicial, destacando que el Instituto Nacional Electoral supervisará la elección popular de jueces y magistrados, garantizando transparencia y participación ciudadana. Esto frente a los cuestionamientos de la relatora especial en torno al proceso de selección de jueces propuesto en la reforma.
Además, Monreal argumentó que la reforma busca un proceso claro y objetivo, con mecanismos de control y rendición de cuentas para asegurar la imparcialidad de los jueces.
Satterthwaite también criticó la alineación de la duración de las funciones judiciales con otros cargos de elección popular, sugiriendo que podría debilitar la independencia judicial. Monreal aclaró que la reforma no busca alinear el tiempo de servicio con otros servidores públicos, sino optimizar el proceso electoral y reducir costos.
En el comunicado también señaló que la reforma no pretende realizar remociones arbitrarias, sino asegurar un relevo racional y respetar los derechos laborales de los jueces.
Además, ante los temores de que la disolución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) pueda amenazar la independencia judicial, Monreal respondió que la reforma propone un nuevo sistema integral de evaluación y control basado en criterios claros y objetivos, con participación del Congreso para ajustar la normativa si es necesario.
También aseguró que la propuesta se adhiere a las disposiciones constitucionales y busca evitar la politización del proceso judicial, permitiendo ajustes legislativos para cumplir con los estándares internacionales.
Monreal concluyó que el proceso legislativo en curso permitirá un análisis profundo y objetivo de la reforma, con la posibilidad de realizar enmiendas para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema judicial.
