Las denuncias por las que el exgobernador Javier Corral fue citado a comparecer ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), también fueron presentadas por la vía penal, informó el diputado priista Omar Bazán, en cuya queja está basado el procedimiento administrativo notificado el pasado viernes contra el exmandatario.
La audiencia a la que fue llamado Corral Jurado, programada para el 23 de julio a las 11 de la mañana, derivó del expediente DE-108/2022 y del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), resultado de su denuncia ratificada en mayo del año antepasado, señaló.
Sin embargo, insistió, también por la vía penal debe procederse contra el exgobernador y contra quien fuera su secretaria de la Función Pública en el año 2019, Mónica Vargas Ruiz, a quien denunció penalmente por encubrir las irregularidades y hasta clonar folios de expedientes de investigación, cuando señaló originalmente irregularidades en la adquisición del llamado terreno caliente para ampliar su casa de Ciudad Juárez.
El viernes trascendió que por las faltas graves de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal, ambas relacionadas con la compra de un terreno para ampliar su casa de Ciudad Juárez durante su periodo como gobernador, fue acusado formalmente Javier Corral por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con fuentes de la propia SFP, el exmandatario fue emplazado a procedimiento de responsabilidad administrativa y el expediente sería remitido al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), una vez que fuera desahogada la audiencia para la que fue convocado a comparecer.
El comienzo de las causas administrativas contra Corral Jurado, de acuerdo con la información que trascendió de la SFP, derivó de dos denuncias presentadas ante la propia dependencia contralora estatal y ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en diferentes fechas de 2022.
La primera denuncia fue presentada en el mes de febrero de 2022 ante la SFP por el diputado local priista Omar Bazán Flores, respecto a la petición de investigación e información sobre la compra de un terreno.
Luego, una denuncia penal fue presentada en mayo de 2022 ante la FGE, por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presunta defraudación fiscal y falsedad en declaraciones con el fin de defraudar, también relacionada con la adquisición del terreno.
Al respecto, Bazán Flores confirmó ayer que también fue notificado como denunciante, en términos del Artículo 208 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de que acuda a la comparecencia y aporte los elementos que considere dentro del proceso iniciado contra Corral Jurado.
“Al fin procedió”, dijo el legislador priista, quien señaló que además de la vía administrativa que ha comenzado en contra del exgobernador Corral Jurado, también debe avanzar el correspondiente proceso penal, pero no sólo hacia él, sino a la exsecretaria de la Función Pública.
Clonó folios y encubrió al exgobernador la extitular de la SFP
Bazán Flores recordó que el 30 de mayo de 2022 denunció penalmente a Vargas Ruiz por el extravío de la queja original que había presentado desde septiembre de 2019, por el llamado “terreno caliente” que el exgobernador se adjudicó de forma irregular para ampliar su casa de la calle Costa Rica, en la colonia Partido Romero de Ciudad Juárez.
Hay evidencia, aseguró, de que la extitular de la SFP en el gobierno de Corral Jurado, encubrió al exgobernador e incluso clonó folios de expedientes para simular que habría de darle trámite a su queja desde entonces, lo que no hizo dado que, al llegar la nueva administración, la sucesora de Vargas Ruiz en la dependencia, María de los Ángeles Hurtado, no encontró registro alguno de la denuncia presentada.
Por ello, promovió la querella por la probable comisión de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento, contra la exsecretaria Vargas Ruiz, a quien, consideró, la Fiscalía General del Estado debe investigar para proceder penalmente, igual que con el exgobernador.
Ahora que al fin hay avance en el expediente, explicó el diputado priista, al desahogarse en la Función Pública la comparecencia del procedimiento iniciado contra Corral, el caso deberá turnarse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que deberá procesar por esta vía al exgobernador.
Sin embargo, dijo desconfiar del TEJA porque sus tres magistrados -Mayra Arróniz, suspendida por investigación del Órgano Interno de Control, Gregorio Morales Luévano y Alejandro Tavares Calderón- fueron impuestos por el exgobernador Javier Corral desde 2019.
A todos los magistrados los impuso el corralismo, eso no nos da confianza, además de que su labor es ampliamente cuestionada, emite unas cuantas sentencias al año”, dijo el legislador priista, quien consideró necesario que el TEJA sea reformado para que pueda realmente atender la demanda de justicia administrativa.
No obstante, confió en que el procedimiento iniciado por la Función Pública Estatal sea llevado totalmente apegado a la ley, de forma estricta, para que la queja por las evidentes irregularidades en la ampliación del patrimonio de Corral Jurado.
