La exagente del Ministerio Público Federal (MPF), Blanca Alicia Bernal Castilla, recibió el beneficio de la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada para seguir su proceso en prisión domiciliaria, por diversos delitos relacionados con las investigaciones del Caso Ayotzinapa.
La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Oriente, Alejandra Domínguez Santos, determinó modificar la medida cautelar, al calificar como fundados los argumentos de la defensa, sobre que no existe riesgo de fuga de la procesada.
Bernal Castilla se enfrenta cargos como presunta responsable de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, en las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La exfuncionaria de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), podrá abandonar el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, al cumplir diversos requisitos, entre ellos el de la colocación de un brazalete electrónico.
En su resolución, la jueza Domínguez Santos determinó que Bernal Castilla tampoco podrá salir del territorio de la Ciudad de México y se deberá presentar cada mes a firmar el libro de procesados en la Unidad de Medidas Cautelares.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la ex MPF, quien estaba adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), firmó el documento con el que se autorizó el traslado del presunto sicario Agustín García Reyes, alias El Chereje, al Río San Juan, en Cocula, Guerrero, para narrar la forma cómo se deshizo de los cuerpos de los normalistas.
Dicha diligencia, realizada el 28 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los normalistas, estuvo encabezada por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, y actualmente prófugo en Israel.
Además de que la FGR le finca cargos por no encabeza los trabajos en esa diligencia, también la acusa de posible tortura en contra del detenido.
Otro de los cargos es la posible manipulación de evidencias y la presentación de documentos alterados, a partir de las investigaciones que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
