Consejeros electorales alertaron sobre la detección de un incremento en delitos como lavado de dinero en las campañas proselitistas y la triangulación de recursos, así como las llamadas criptomonedas.
Por ello, señalaron la necesidad de reformar el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), puesto que estos ilícitos han registrado un aumento en la última década.
Durante la sesión Extraordinaria del Consejo General de ayer, la consejera del INE Carla Astrid Humphrey Jordan fue quien advirtió que estos delitos aumentaron en los últimos 10 años.
Y hagámonos cargo de una gran cantidad de cosas que han pasado en estos 10 años y que no hemos visto. El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachada también, las personas factureras ni se diga, la triangulación de recursos”, comentó.
Y cuestionó: “¿A quién se está beneficiando con quienes contratan los partidos políticos? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Quiénes son, en muchos casos, los que no cumplen con esos contratos, que no les dan los bienes y los servicios, a los que no les cobran las penas convencionales por incumplir con los contratos? ¿Quiénes son esas personas?”, subrayó.
También detalló que no se está a la par de la tecnología, ni a la par en cómo investigar distintos ilícitos financieros que se cometen en otros ámbitos.
Hay, claro, distintas realidades en el país, por supuesto, pero también hay otras que no hemos atendido desde los reglamentos. No estamos a la par de la tecnología, no estamos a la par en cómo investigar distintos ilícitos financieros que se cometen en otros ámbitos y que México como parte de distintos grupos, lo he señalado aquí, Egmont, el Grupo de Acción Financiera Internacional y un largo etcétera, tiene responsabilidades como Estado mexicano y el ámbito de fiscalización no puede quedar excluido de eso”, destacó la consejera.
Finalmente, puntualizó que, en caso de ser necesario, se debe llegar hasta las instancias judiciales para que las autoridades financieras entreguen la información que permita investigar cuestiones como el financiamiento ilícito de campañas electorales o por parte del crimen organizado.
Cabe recordar que la semana pasada, la misma consejera Carla Humphrey anunció que sería la Guardia Nacional quien se encargaría de dar seguridad a los candidatos que soliciten medidas de protección a los aspirantes a cargos de elección popular que participan en el proceso electoral.
