En un comunicado, la Secretaría de Gobernación, a nombre del gobierno federal, se señala que se tuvo conocimiento de probables actuaciones del juez Crescencio Contreras Martínez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país.

“A  través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México”, indicó la Segob

La Segob agregó que hay una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público.

El juez ha fallado a favor en diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas, así como otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”.

Por tanto, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.

En Tamaulipas, el Cártel del Golfo y Los Zetas son señalados como los criminales que secuestran y extorsionan a los migrantes que pretenden cruzar a Estados Unidos por esa frontera.