Desde el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo se encuentra detenido cumpliendo una orden de prisión preventiva de 18 meses. Además, enfrenta otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es objeto de investigación por su supuesto liderazgo en una red corrupta dentro del Ejecutivo.
Este último desarrollo marca un capítulo más en el proceso legal que enfrenta el expresidente peruano, quien ha estado bajo escrutinio desde su detención en relación con los acontecimientos del autogolpe y por las acusaciones de corrupción que lo involucran.
El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación. Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas. El expresidente reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
Con información de AFP | dmr
