Pedirles que tenemos que defender la reforma a la Ley General de Salud con todo lo que esté en nuestro alcance, porque saben ustedes que ya hubo una acción de inconstitucionalidad; hay unas partes del fondo que ya atendimos en el sector, junto con la Consejería Jurídica, pero hay otras partes de proceso que están en manos de ustedes compañeras y de las compañeras y compañeros diputados.
Creo que es importante hacer un trabajo en equipo, porque las implicaciones que puede tener que le den la suspensión a través de la acción de inconstitucionalidad que se presentó serían catastróficas para la atención médica de las personas de estados donde ya está ocurriendo este proceso (IMSS-Bienestar)”, dijo durante su participación en la plenaria de los grupos parlamentarios de Morena, Verde, PT y PES del Senado.
Explicó que “el Seguro Popular, el que pagaba era el gobierno y el que prestaba el servicio eran los gobiernos de los estados e instituciones privadas. El Seguro Popular llegó a pagarle a hospitales privados para la atención de personas sin seguridad social, a partir de este modelo tendiente a la privatización.
Eso es lo que habían intentado hacer con el Seguro Popular. Los hospitales decían Seguro Popular, sí, pero no eran operados por el Seguro Popular; el Seguro Popular no operaba hospitales, no tenía nómina de trabajadores de médicos especialistas o de enfermeras, no era una institución de prestación de servicios, era solamente el pagador y, ¿quién operaba los sistemas? Cada uno de los 32 gobiernos estatales y en algunos casos, los hospitales privados”, dijo.
Zoé Robledo explicó que “ahora, el modelo que estamos construyendo, esta institución que estamos construyendo, tiene una historia de reformas legales muy importantes, desde 1943. Aquí puede haber, y seguramente muchos que recordamos este logo de la derecha, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; hay todavía unidades que lo siguen teniendo ahí pintado”.
