Tres años después de la explosión mortal en el puerto de Beirut, Dany Salameh sigue sin poder desplazarse sin andador, por falta de medios para pagar sus cuidados. Se siente abandonado por el Estado libanés, al igual que muchas otras víctimas.

“Después del 4 de agosto, el Estado nos olvidó”, lamenta este antiguo ingeniero de sonido de 39 años, acariciando a su perro en su departamento situado cerca del puerto. “Perdí mi coche, mi casa, mi trabajo y mi movilidad”, detalla.

Se encontraba en su casa cuando el drama se produjo el 4 de agosto de 2020, y fue proyectado de un extremo de la terraza al otro. La explosión, una de las mayores no nucleares de la historia, devastó gran parte del puerto de Beirut y sus alrededores, matando a más de 220 personas e hiriendo a más de 6 mil 500.

Esto ocurrió cuando la economía libanesa comenzaba a colapsar a finales de 2019. Los supervivientes reprochan al Estado, en quiebra, no proporcionarles apoyo médico ni financiero y bloquear la investigación sobre el origen del drama.

El impacto de la explosión agravó la enfermedad de Salameh, que padece esclerosis múltiple, limitando aún más sus desplazamientos.  Su tratamiento mensual cuesta 140 dólares y la inyección bianual que le recetaron mil dólares, que se encarece ante la devaluación de la libra libanesa. A esto se añade una operación del tracto rinario que cuesta 10 mil dólares, que tampoco puede permitirse.

Después de varios meses sin tomar sus pastillas, se cayó y se lastimó la cabeza, dice, con el cráneo vendado. Amanda Cherri, una exmaquilladora de celebridades, también tuvo que abandonar su carrera debido a sus heridas y dolor. “Alguien me robó mi vida en cinco minutos y no sé quién es”, relata esta morena de 40 años en el techo del edificio donde trabajaba, con vistas al puerto.

Durante la explosión, dos enormes espejos se derrumbaron sobre ella, y los fragmentos de dos jarrones le atravesaron la cara y el cuerpo.  Su mano izquierda está paralizada y sólo ve con el ojo izquierdo.

Los obstáculos en la impartición de justicia por la explosión en Beirut

Sylvana Lakkis, que dirige la unión de discapacitados del Líbano, estima que entre 800 y mil personas sufrieron secuelas temporales o permanentes después de la explosión, sin ser censadas por las autoridades.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir apoyo a lo largo de toda su vida”, subraya Lakkis. “Aún hoy muchas necesitan un tratamiento que no pueden permitirse”, resalta.

Al menos cuatro sobrevivientes que quedaron discapacitados después de la explosión fallecieron el año pasado debido a la falta de medios para recibir tratamiento médico o a una atención inadecuada que, según ella, recibieron. “La explosión no los mató. Su país lo hizo”, asegura.

Desde la explosión, Mikhail Younan cojea. Este padre de un niño necesita una prótesis de rodilla para poder caminar normalmente, pero ni siquiera puede permitirse ver a un médico.

“Si el Estado me ayudase podría tener una vida más o menos normal”, lamenta este repartidor de gas de 52 años. “Perdí muchos clientes, sobre todo porque con los cortes de energía no puedo subir las escaleras (cargando pesadas bombonas de gas)”, detalla.

Vive con analgésicos y antiinflamatorios, que le causan problemas renales. “El dolor se convirtió en un compañero cotidiano”, suspira. Según las autoridades, la explosión fue causada por una enorme cantidad de nitrato de amonio almacenado sin precauciones durante años en el puerto. Rechazan una investigación internacional y se las acusa de obstaculizar la investigación local.

El juez independiente Tarek Bitar se vio obligado a suspender su investigación por primera vez durante 13 meses, debido a unos 40 juicios por parte de políticos y a una intensa presión.  En enero pasado reanudó su trabajo, pero fue procesado por insubordinación por el fiscal general después de acusar a varias personalidades de alto rango, una primicia en la historia del Líbano.

“Ya no tengo esperanzas”, confiesa Younan. “Cada vez que la justicia funciona, alguien le pone obstáculos”, afirma.