Un juez federal bloqueó la nueva política de asilo del presidente Joe Biden, lo que representa un duro golpe para la administración que había confiado en esta medida para reducir los cruces fronterizos. La suspensión de la sentencia se extiende por 14 días, permitiendo una posible apelación.
El fallo del juez Jon Tigar, del Tribunal del Distrito Norte de California, podría tener implicaciones significativas en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los cruces han disminuido desde la implementación de la política de asilo y otras medidas.
Tigar ya había fallado en contra de una política similar bajo la administración Trump y manifestó su escepticismo sobre las diferencias entre la política de Biden y la de la era anterior durante una audiencia judicial la semana pasada. Los funcionarios de la administración han rechazado comparaciones con las políticas de la era Trump.
La administración de Biden ha implementado diversas medidas para abordar la migración y gestionar la situación en la frontera con México, pero enfrenta múltiples demandas de estados republicanos y defensores de los inmigrantes, lo que representa un desafío para sus planes fronterizos.
El fallo de Tigar se derivó de una demanda presentada por la Unión Estadonidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de derechos de los migrantes contra una nueva regla de asilo que prohíbe en gran medida que las personas que pasaron por otro país soliciten asilo en los Estados Unidos, marcando un cambio en el protocolo de décadas.
La política de Biden, al igual que la de la era Trump, recibió una amplia condena de aliados de Biden, incluidos legisladores demócratas y defensores de los migrantes cuando fue implementada. “Para ser claros, esta no era nuestra primera preferencia ni nuestra segunda”, admitió un funcionario de la administración en ese momento, añadiendo que la responsabilidad de aprobar la reforma recae en el Congreso.
Se espera que el Departamento de Justicia apele el fallo. Si eso ocurre, el caso será remitido al Noveno Circuito, que respaldó en dos ocasiones fallos similares de Tigar sobre políticas implementadas bajo la administración Trump. En la audiencia de la semana pasada, el abogado del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, argumentó que la regla tiene excepciones y que existen otras vías legales disponibles para los inmigrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.
Por ejemplo, los migrantes que obtienen una cita a través de la aplicación CBP One para presentarse en un puerto de entrada están exentos. Sin embargo, la regla generalmente se aplica a aquellos que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. No se aplica a los niños migrantes no acompañados.
Bloquear la regla, según Reuveni, “potencialmente socavaría la capacidad de negociar” con países que se han asociado con Estados Unidos para gestionar el flujo migratorio.
Katrina Eiland, quien argumentó en nombre de los demandantes, dijo que la regla pone en peligro a los migrantes y que la regulación en sí misma no ofrece vías adicionales. “No hay incentivos reales en la regla”, afirmó.
Los funcionarios de la administración han señalado una dramática disminución en los cruces fronterizos desde el final de una política de pandemia conocida como Título 42, que permitía la expulsión rápida de migrantes. Esta disminución se considera evidencia del enfoque de la administración, que incluye un aumento en deportaciones y penas más severas.
En junio, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó a casi 100 mil migrantes a lo largo de la frontera sur del país, lo que representa una disminución desde mayo y los encuentros fronterizos mensuales más bajos desde febrero de 2021, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
A pesar de ello, la administración Biden aún enfrenta un gran flujo migratorio sin precedentes en el hemisferio occidental debido a las condiciones provocadas por la pandemia de coronavirus en la región.
Los patrones cambiantes de migración han puesto a prueba los recursos federales, ya que las autoridades fronterizas se han encontrado con un número cada vez mayor de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Estados Unidos tiene prohibido en gran medida deportar a inmigrantes de esas nacionalidades a sus países de origen debido a tensiones en las relaciones diplomáticas.
