La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo que permite a las fuerzas armadas realizar tareas de seguridad pública, mientras se consolida la Guardia Nacional.
El Acuerdo del Poder Ejecutivo Federal dispone que la Fuerza Armada permanente llevará a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Fue publicado el 11 de mayo de 2020.
La Corte estudió las impugnaciones formuladas por los municipios de Colima, Colima y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como por el gobernador de Michoacán.
La SCJN determinó que el Acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios y del Estado actores.
Según la decisión de la mayoría, el artículo 21 constitucional dice que la seguridad pública es una materia concurrente de los tres niveles de gobierno y, por ello, no implica subordinación, dependencia o intromisión del Poder Ejecutivo Federal.
Se recalcó que el acuerdo presidencial establece que la intervención de las “Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
La Corte retomó los argumentos que ya se habían expresado en la controversia constitucional impulsada por la Cámara de Diputados.
En ese momento se recalcó que el acuerdo no vulnera el principio de división de Poderes, en relación con el principio de reserva de ley, además de que se encuentra debidamente fundado y motivado.
