Por ahora, Morena frenó la reforma administrativa y no lo abordará en este cierre de periodo legislativo.
La iniciativa, enviada el 23 de marzo a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo federal, no se incluyó entre las prioridades de la mayoría para el cierre de labores, esta semana.
La oposición y organismos empresariales habían alertado que esta reforma ahuyentaría las inversiones, al otorgarle al gobierno la facultad de suspender a discreción contratos con empresas nacionales y extranjeras bajo el argumento de la seguridad nacional o el interés público.
El morenista Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que la reforma quedaría pendiente, toda vez que se analizarán los cuestionamientos que suscitó. “Es una iniciativa que requiere incorporarse al proceso legislativo, a la discusión, a la revisión, a su congruencia legislativa y administrativa y, en ese sentido, todo lo que consideramos que no cumplía con los requisitos, la dejamos para después”, explicó.
La reforma busca que los contratos nacionales o internacionales, de adquisiciones y obra pública, incorporen una cláusula de terminación anticipada que, según sus críticos, daba carta abierta al gobierno para suspender contratos, sin indemnización de por medio.
SOBRE LAS RODILLAS
Así va la discusión de iniciativas en las últimas horas del periodo ordinario:
Se aplazan:
- Reforma administrativa para terminar contratos.
- Reforma para desaparecer 18 organismos públicos.
En el limbo:
- Ley Minera (el Senado se declaró en sesión permanente).
- Ley de Ciencia y Tecnología.
Aval en comisiones, previo a discusión en el pleno de los diputados:
- Desaparición de Financiera Rural.
Detienen reforma que ahuyentaría inversiones en la Cámara de Diputados
La reforma que instauraría la llamada cláusula exorbitante no será discutida este periodo.
Morena frenó por el momento la denominada reforma administrativa que, según la oposición y organismos empresariales, ahuyentaría las inversiones al otorgarle al gobierno la facultad de suspender a discreción contratos con empresas nacionales y extranjeras bajo el argumento de la seguridad nacional o el interés público.
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados por el Presidente de la República, el pasado 23 de marzo, no se incluyó en las prioridades de la mayoría legislativa para el cierre del periodo de sesiones esta semana.
Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro y jefe de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velasco, quien confirmó ayer que la reforma quedaría pendiente, toda vez que se analizarán los cuestionamientos que suscitó.
“Es una iniciativa que requiere incorporarse al proceso legislativo, a la discusión, a la revisión, a su congruencia legislativa y administrativa y, en ese sentido, todo lo que consideramos que no cumplía con los requisitos, lo dejamos para después”, explicó el morenista.
Al diputado Mier Velazco se le preguntó, en conferencia de prensa, si entonces ese paquete que modificaría 73 artículos de 23 leyes secundarias habría de retomarse en el siguiente periodo, a iniciar en septiembre.
“Vamos a revisarla, la vamos a revisar con precisión y podría ser, pero no quiero aventurarme porque, repito, de entrada, algunas de ellas involucraban a organismos constitucionalmente autónomos”, admitió el coordinador de la diputación de Morena.
Mier Velasco detalló que del paquete de cambios que esa reforma administrativa contiene sólo se abordaría, de manera separada, la modificación correspondiente a la Ley Reglamentaria de los Servicios Ferroviarios, que permitiría otorgar la concesión para la operación del Tren Maya, misma que ayer ya se aprobó en el pleno.
Sin embargo, el resto de las 22 leyes que se verían también modificadas no se procesará por ahora, porque, según reconoció el presidente de la Jucopo, ese proyecto “incluía también organismos constitucionalmente autónomos, a la propia Fiscalía (General de la República)”.
El diputado precisó que ya les había informado a los legisladores de Morena, PT y PVEM, y posteriormente a los todos los coordinadores de bancadas, que esa iniciativa ya no prosperaría en el resto del periodo.
La reforma administrativa busca que en todos los contratos nacionales o internacionales de adquisiciones y obra pública se incorpore una cláusula de terminación anticipada.
Según alertaron la oposición y empresarios, la cuestionada “cláusula exorbitante” que daba carta abierta al gobierno para suspender contratos, sin indemnización de por medio, era dañina para la economía porque desincentivaría la inversión e implicaría “imponer un Estado autoritario”, como lo declaró el diputado Héctor Saúl Téllez a Excélsior, el pasado 16 de abril.
El diputado panista expuso que, con la justificación gubernamental de combatir la corrupción, esa reforma atentaría contra los tratados internacionales, el equilibrio contractual y las garantías y certezas jurídicas.
Con ese argumento, la reforma establece que los actos administrativos gubernamentales podrán extinguirse cuando afecten el interés público, general o social, la seguridad nacional; que causen algún tipo de desequilibrio o daño económico, social, ambiental; o que impidan el disfrute de derechos fundamentales de las personas físicas.
