El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que pretende desarticular 18 instituciones gubernamentales, entre ellas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
En el caso de esta última, se ha señalado que es un órgano costoso y que sus funciones son confusas y ya las realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo cual ha propuesto que esta dependencia la absorba.
Sin embargo, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, disiente con esta aseveración pues “es un órgano de Estado […] no es de los organismos costosos que se puede imaginar el Presidente”.
Apuntó que el SESNA no depende de ningún poder de la unión, sino que se coordina con los tres. Dentro de su sistema “integra todas las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los gobiernos del país”, razón por la cual, dijo, llama la atención del mandatario, pues “no depende ni de colores de partidos ni de quién esté gobernando en ese momento a una entidad federativa.”
Además, allí también se concentran los datos de contrataciones pública. Destacó que todo funcionario público está obligado, por ley, a brindar dicha información a esta secretaría a través de las contralorías y se encarga de revisar que los datos otorgados sean verídicos.
Por las razones expuestas, afirmó que la SFP no podría asumir estas actividades, pues, como pertenece al Poder Ejecutivo federal, “tendría que hacer convenios de colaboración, negociar con cada estado” e, incluso, estos podrían negarse, bajo el concepto de que son entidades soberanas.
En este momento, donde se ha utilizado la información gubernamental con fines políticos […] no le vas a querer entregar información a alguien que es tu opositor, o que puede utilizar(la) con sesgo político […] Por eso se necesitaba una plataforma neutral”.
Bohórquez consideró una “terrible coincidencia” que, al mismo tiempo, desde el Ejecutivo Federal se busque blindar la información del Ejército y se acometa contra las instituciones encargadas de transparentar información del gobierno.
Parecería que está muy vinculado el tema de proteger al ejército de cualquier evaluación independiente, crítica, y esta embestida”.
Recordó que esta es la segunda ocasión que el gobierno federal embate contra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, después de que, hace un año, se diera a conocer un documento de la Consejería Jurídica en el que se anunciaba su desaparición por cuestiones presupuestarias.
Afirmó que esto podría dificultar la labor de la secretaría de recolectar información, puesto que los funcionarios públicos tendrían razones para dudar que el organismo siga vigente en el futuro próximo.
