El Consejo Constitucional de Francia —la Corte Suprema— aprobó este viernes las medidas clave de la impopular reforma de las pensiones de Macron, como el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030, y censuró algunos puntos menos controvertidos, lo que será un gran alivio para Macron y su gobierno.
La institución garante de la Constitución además rechazó un pedido de la oposición de izquierda de celebrar un referéndum para limitar la edad de jubilación a 62 años, en pleno conflicto social plasmado en meses de protestas masivas. El Consejo dijo que las acciones del gobierno estaban en línea con la constitución y aprobó elevar la edad legal de jubilación.
Macron y su gobierno esperan que tal resultado desaliente más protestas dirigidas por sindicatos, que en ocasiones se han vuelto violentas. De acuerdo con el canal de noticias BFMTV, se espera que el mandatario francés firme la ley en las próximas 48 horas y la oposición ha presentado otra candidatura para un referéndum, que debería ser revisado por el Consejo a principios de mayo.
“El país debe seguir avanzando, trabajando y enfrentando los desafíos que nos esperan”, dijo Macron a principios de esta semana. “Mantener el rumbo, ese es mi lema”, añadió el mandatario durante una visita de las obras de restauración de la catedral de Notre-Dame en París.
Pero los sindicatos de línea dura y la oposición han advertido que no darán marcha atrás y han instado a Macron a no promulgarlo. Los manifestantes se reunieron frente al Ayuntamiento de París, con pancartas que decían “clima de ira” y “no hay fin a las huelgas hasta que se retire la reforma” cuando se anunció el veredicto del Consejo Constitucional.
Muchos franceses y expertos auguraban una decisión parcialmente favorable de la Corte Suprema. El Consejo siempre tuvo tendencia a “no bloquear las grandes reformas sociales”, de acuerdo con expertos constitucionales, pero dicen que el descontento generalizado por la reforma del gobierno podría tener repercusiones a más largo plazo, incluido un posible impulso para la extrema derecha.
El mandatario está acusado de haber creado una “crisis democrática” al decidir el 16 de marzo adoptar por decreto su reforma, ante el temor de perder la votación en el Parlamento donde carece de mayoría absoluta desde junio. Con esta ley, que según el gobierno busca evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, el presidente liberal también se juega poder aplicar su programa reformista durante su segundo mandato hasta 2027.
